Antamina es una de las minas mas grandes del Peru, se explota a tajo abierto, mide 2.000 metros de largo, 1.000 metros de ancho y 500 metros de profundidad, es una de las mayores productoras de concentrados de cobre, zinc, molibdeno y subproductos de plata y plomo. El avance de la explotación causo preocupación en los comuneros. Las primeras protestas en 2006 motivaron la intervención de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la région Ancash quien intermedia para un dialogo con la comunidad. En consecuencia se realizaron diversas reuniones para abordar diversos temas como la titulación de tierras del caserío, empleo, reubicación y desarrollo, con la participación de la empresa y el Ministerio de Energia y Minas. Los principales pobladores afectados son de la comunidad de Santa Rosa, y otras comuneros del distrito de Cajacay, y comuneros de Juprog en el distrito de San Marcos, región Ancash. En este contexto la comunidad solicita la realización de estudios de impactos de la minería en la salud de los comuneros al Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS). El estudio determina riesgos para la salud por la exposición a metales pesados de los comuneros comprobándose casos donde los niveles de metales en la sangre superan los máximos permitidos. La empresa ha expresado públicamente sus dudas sobre los resultados y cuestionamientos a la metodología empleada. En abril del 2008 los comuneros realizan denuncias publicas basadas en los informes de CENSOPAS y señalan que la empresa, pese al informe, no ha tomado acción alguna ni los afectados han recibido atención medica. En marzo del 2009 los comuneros realizan una denuncia judicial contra la empresa por el delito de contaminación por metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) y riesgo a la salud. La denuncia ante la Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito de Huaraz (Ancash) se basa en los resultados y conclusiones de la evaluación realizada por CENSOPAS. Los pobladores solicitan la reubicación e indemnización por la contaminación. En octubre 2009 ante esta denuncia la empresa difunde un comunicado en el que señala que los resultados del estudio han generado confusion entre los comuneros de Juprog y cuestiona la realización de un tercer estudio a cargo de CENSOPAS con el apoyo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional. La empresa sostiene que no debiera realizarse el estudio sin antes conformarse una mesa técnica con la finalidad de asegurar una correcta interpretación de los resultados. Asimismo, informa que acordó con el Vice Ministerio de Salud constituir una mesa técnica con la participación de DIGESA, CENSOPAS y Antamina con la finalidad de asegurar una adecuada intervención y correcta interpretación de los resultados. Además hay conflictos en varias zonas, como las protestas de los comuneros de Chipta (Pallares) por desaparición de ojos de agua, hay también conflictos por el transporte [1]. El mineroducto que transporta el material a la costa ha generado multiples derrames en su camino hacia el puerto de Huarmey, lo que ha producido graves problemas de contaminación entre los pescadores [2]. A pesar de las protestas, Antamina continúa insistiendo de que sus actividades no contaminan. Sin embargo en 2011 en Juprog denuncian la muerte de cuyes y truchas y presencia permanente de un polvo que se asienta sobre las plantas, lo cual hicieron presente a las autoridades [3]. En julio de 2012, ocurre un nuevo derrame en Santa Rosa. El Instituto Nacional de Salud realizó tres estudios que confirmaron la contaminación por cobre, arsénico y plomo en la sangre de los pobladores. Resultados que fueron confirmados por lo estudios del centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente CENSOPAS: La empresa traté de desmentir estos resultados. Los pobladores de Huarmey responden con un paro [4] En el 2017, ocurre un nuevo derrame debido a una rotura del mineroducto que vertió minerales sobre el río Fortaleza [5]. Entre 2010 y 2014 la minera ha sido multada 14 veces por la OEFA por incumplimiento de normas ambientales por un monto de medio millón de dólares en total [6]. En el 2011, los pobladores de varios sectores reclamaron por el incumplimiento del convenio de desarrollo suscrito en 2007 con la empresa minera. Realizaron un paro y bloquearon la vía al ver que ses suspendía la reunión pactada con la mina. La mina envió a dos relacionistas públicos durante la protesta. Pobladores de Chipta, Juprog, San Pedro de Picchu fueron detenidos por la policía. Dieciséis pobladores denunciaron haber sido golpeados por miembros de la policía. Los comuneros Melitón Castillo y Narciso Espinoza fueron acusados por la mina de secuestro y sentenciados en abril de 2017 a 24 años de cárcel. La Corte Suprema de Justicia los absolvió. [6][7]. Antamina también es una de las empresas que ha suscrito convenios de protección con la policía nacional [8]. Durante la pandemia, no dejó de trabajar llegando a reportarse más de 210 trabajadores infectados por el Covid-19 [9]. keywords: open cast mine, land entitlement, displacement, impact assessment, heavy metals, health, blood, compensation, transportation, fishers, leakage, molybdenum (See less) |