El Proyecto Castilla fue iniciado por MPX/E.ON, una empresa conjunta brasileña-alemana alemana con el objetivo de construir una de las centrales térmicas más grandes y contaminantes de América Latina. El proyecto también implica el desarrollo de un puerto asociado para suministrar combustible (carbón y diesel) para la operación de la estación de energía térmica. Planeado para Northern Chile, la planta tenía como objetivo suministrar energía principalmente a la industria minera. Ambos proyectos solicitaron permisos ambientales por separado y varias irregularidades y presiones del gobierno en el proceso de aprobación de la evaluación del impacto ambiental (EIA) de los proyectos fueron denunciados. Los agricultores locales, los pescadores, los EJO y los congresistas se opusieron activamente al proyecto debido a los impactos negativos que aportaría para la salud y el medio ambiente. Se realizaron medidas legales y la Corte Suprema dictaminó por unanimidad contra el Proyecto Castilla, afirmando que el puerto y la planta de energía térmica necesitaban ser evaluadas juntas, y reafirmando el derecho constitucional de vivir en un entorno libre de contaminación.