En enero de 2010 la empresa Inversiones Aconcagua S.A filial chilena de la firma australiana South American Iron & Steel, consiguió la concesión y el derecho de explotar la zona. Así también, firma un acuerdo con la empresa China Sinotech para explotar  litio, titanio, vanadio y hierro que se encuentran en el mismo recinto. Los cálculos ascienden a 823 millones de toneladas de arena de hierro,  que afectaría la extensión de las dunas y los humedales ubicados detrás de la línea dunaria en el borde costero. Por otra parte, la empresa registra mediciones sobre el territorio poblado que han arrojado importantes concentraciones de mineral, lo que permitió inferir riesgo de futuras expropiaciones en zonas habitadas. Actualmente hay permisos otorgados para explotación en la zona de Junquillar, al sur de Putú, y una solicitud de otros nuevos equivalentes a 1200 hás en el Maule Norte. El total de concesiones es de 21.000 hás. (91 polígonos) a nombre de diferentes personas pero que corresponden al mismo proyecto [1].

La celeridad con que el Estado entregó la concesión despertó las sospechas de los parlamentarios de la zona, y generó un amplio movimiento ciudadano, entre éstos, la Agrupación de Defensa y Conservación Maule-Mataquito (ADEMA) que funciona hasta el día de hoy.  Asimismo, el tema del ocultamiento de las gestiones de la empresa y la falta de consulta ciudadana generó malestar entre los opositores. Los hitos de demarcación aparecen repentinamente en la zona, sin permisos y sin que la gente de Putú pudiera darse cuenta de cuándo fueron instalados. Entre todos generaron acciones, cortes de camino y difusión de información a través de los medios, e iniciaron un movimiento para declarar las dunas de Putú como Santuario de la Naturaleza [2] 

En enero de 2011 la comisión de recursos naturales envió oficios de fiscalización al Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, Subsecretaria regional del Medio Ambiente del Maule, Consejo de Monumentos Nacionales, a la Intendencia de la Región del Maule y al Municipio de Constitución. En el documento los parlamentarios piden una respuesta que explique porqué se paralizó el proceso de declaración de santuario natural [3].

A juicio del diputado DC Pablo Lorenzini la entrega de la concesión a Aconcagua S.A. se debió a la desidia y falta de preocupación de las autoridades por proteger los intereses ambientales y turísticos. El 10 de abril del 2013, en forma unánime, por 75 votos, la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo N° 762, que pide al Ejecutivo proteger los Humedales de Putú, dejando de manifiesto el gran impacto ambiental que sufrirá la comuna. Por ello, los diputados pidieron que se estudie la factibilidad de declarar estos humedales como santuario de la naturaleza y así detener el proceso de extracción minera [4].

El 6 de agosto del 2013, la Corte de Apelaciones de Talca admitió un recurso de protección en contra del proyecto y emitió una orden de no innovar, ordenando que se paralizaran las faenas prospectivas en la zona. Liderados por el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, el diputado Pablo Lorenzini y la Agrupación ADEMA, los vecinos acusaron a la compañía Southamerican Iron & Steel de estar realizando una 'intervención agresiva, no autorizada e inconsulta' sobre las dunas de Putú [5].

Finalmente, el año 2017 el humedal de Putú fue delarado como Santuario de la Naturaleza [6].

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