El proyecto se presenta el 2010 para ser evaluado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Las campañas de exploraciones establecen que la mineralización de manganeso se encuentra presente en una longitud de 3,0 km, con anchos de hasta 700 m. El cuerpo mineralizado es de baja a mediana ley in-situ, y su explotación sería de tajo abierto con 20 a 30 metros de profundidad. Se estima recursos del orden de 12,5 millones de ton. aproximadamente, 10% Mn., y una tasa de extracción de 220.000 ton/mes. con una vida útil de 5 años [2].

Según el proyecto, el mineral será tratado en una Planta de Procesamiento, mientras que el material sólido de rechazo será depositado en tres botaderos situados  al costado de la planta en quebradas que drenan hacia el río Lluta. El material fino que no se pueda depositar en el botadero, será enviado a un depósito confinado de lamas. El producto final se transportará en camiones hasta un acopio ubicado en una zona industrial de  Arica [3].

La trasnacional presenta en un inicio una Declaración de Impacto Ambiental y luego en tres oportunidades un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en medio de movilizaciones en contra del proyecto por parte de los agricultores del Valle de Lluta, comunidades indígenas aymara y organizaciones ambientalistas como la Coordinadora Aymara Defensa de Recursos Naturales, el Consejo Territorial de Chapiquiña y el Centro de Investigación de las Artes y Cultura de los Pueblos Originarios de Arica Parinacota y el Comité de Defensa del Valle de Lluta [4]. 

El descontento popular radica en los posibles impactos en el recurso hídrico, específicamente el daño sobre el río Lluta por la planta de procesamiento de magneso a 200 metros del río y los 3 botaderos para el material de desecho y estéril que serán arrojados en las quebradas sin mayores resguardos y  con altos contenidos de arsénico, azufre, aluminio, boro, calcio, hierro, litio, magnesio, socio, silicio y estroncio. Ello podría llevar a la contaminación de las aguas que riegan el Valle de Lluta y las napas subterráneas que bombean agua potable hacia Arica,  lo que afectaría también la flora y fauna del Parque Nacional Lauca [1]. Asimismo, el traslado del mineral a una zona de acopio en la entrada del Valle de Lluta ocasionaría gran impacto en el valle debido a que en este trayecto han ocurrido graves accidente de volcamiento de camiones de gran tonelaje. Además, la cercanía de Villa Industrial y Gallinazo al acopio de mineral podría ocasionar daños a la salud de los habitantes [5]. Se contempla un deposito que ocuparía 52 hás con una profundidad de 15 metros donde serán arrojados los desechos resultantes, en una zona declarada en el EIA como área de movimientos complejos, de aludes y avalanchas por la pendiente pronunciada hacia el río Lluta [1].

A pesar de ello, el 19 de agosto del 2013 las autoridades regionales aprobaron por unanimidad el proyecto Los Pumas y en respuesta los ciudadanos bloquearon con filas de vehículos el camino que une la carretera con Bolivia, la ruta 5 Norte hacia Perú y el acceso al aeropuerto, y posteriormente organizaron una manifestación con más de 4000 convocados en la ciudad de Arica, intentando hacer ocupación de la Gobernación Regional. La manifestación es dispersada por Fuerzas Especiales y resultaron al menos 50 detenidos y heridos de gravedad [1]. Sin embargo, todo el año 2013 se caracteriza por un intenso panorama de movilizaciones y acciones colectivas en contra de la minería, entre cacerolazos, más tomas de caminos, marcha por la vida y el agua y un gran paro regional (30 de septiembre de 2013) [7]. Particularmente, las comunidades indígenas aymara denuncian la vulneración de la normativa ambiental vigente y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales ya que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental no se realizó ningún proceso de consulta indígena tal como lo establece la ley. Además, el proyecto se evaluó en primera instancia bajo la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental  y no Estudio de Impacto Ambiental,  que no contempla instancias de participación ciudadana [1]. 

El 2015 la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas en contra de la aprobación del proyecto minero Los Pumas. En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal acogió la presentación en contra Servicio de Evaluación Ambiental y la Intendencia de la región de Arica y Parinacota quienes habían aprobado el proyecto [4]. El 25 de noviembre del mismo año, Gabriela Meza, asesora jurídica de la Junta de Vigilancia del río Lluta, declaró que la suspensión del proyecto de minería de manganeso Los Pumas, luego que la Corte de Apelaciones de Arica fallara en contra de la calificación favorable del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, es un triunfo de la ciudadanía de Arica, principalmente por el peligro en la contención de relaves mineros y la posible contaminación de los acuíferos. Asimismo, al verse contaminados los campos, influirá en la disminución de ganado y en el derecho de propiedad [4].

Meza explicó que con esta sentencia el proyecto vuelve a fojas cero, no obstante el SEA tiene 10 días para apelar ante la Corte Suprema. Hermann Mondaca, vocero del Consejo de la Ciudadanía de Arica, declaró que la Ciudadanía de Arica está feliz con este triunfo de todos y todas. El fallo está firmado por el ministro Rodrigo Olavarría, el fiscal judicial Rubén Morales, y el abogado integrante Enzo Alvarado, en donde se afirma que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto pasado, no cumplió con las normativas vinculadas al respeto a las comunidades originarias de la zona. Además, la resolución comprendía  arrancar 2.320 yaretas (Azorella compacta, nativa de la Puna de los Andes y especie protegida) y  ponía en peligro las aguas de la vertiente Tarapacá, zona donde transitarían los camiones con minerales y residuos tóxicos a través del Parque Nacional Lauca [6].

Además se determina que se infringió la normativa relativa a la protección de parques nacionales dada la cercanía del Parque Nacional Lauca y el Servicio Nacional de Geología y Minería indica que el estudio es insuficiente ya que la empresa no entrega información básica respecto a los impactos sobre los acuíferos, sobre el uso productivo, la fauna y la flora [4]. 

De acuerdo a información otorgada por el Secretario Regional de Medio Ambiente el año 2017, Alfredo Devotto Moreno, el proyecto fue rechazado producto de las inconsistencias del EIA, que de arreglarse, podría volver a presentarse. Sin embargo y hasta la fecha (2020), no se cuenta con una nueva evaluación [7].