El Decreto Supremo 21260/ 1986, declaró el salar como Reserva Fiscal, pertenece al departamento de Potosí en las provincias Daniel Campos y Nor Lípez abarcando cinco municipios: Uyuni, Colcha-k, Tahua, Llica y Salinas de Garci Mendoza.

Las comunidades viven del trabajo de extracción artesanal de la sal, la cual se distribuye en toda Bolivia, incluso algunas comunidades se han organizado como sociedad desde 1990 para explotar el bórax y la ulexita, dos minerales no metálicos del salar de Uyuni. 

Este salar es el hábitat de tres especies de flamencos sudamericanos: chileno, James y Andino; además, se encuentran en las islas cactus gigantes. La disponibilidad de agua es baja al mantener solo dos ríos: el Grande de Lípez, este se ha visto afectado por relaves mineros y el río Colorado que se internan en el salar. Por otra parte, el turismo se ha incrementado desde los años 90 por lo que está iniciando una fuerte presión en la demanda de servicios y el ecosistema. 

¿Industrialización del litio en Bolivia?

La política de industrialización del litio se tiene que abordar tomando en cuenta el carácter histórico primario exportador de materias primas de la economía de Bolivia, que lo convierte en un país rentista dependiente de la demanda internacional de materias primas que requiere la industria mundial. 

El modelo de desarrollo planteado por el gobierno boliviano en el 2007, tenía la expectativa de superar el patrón primario exportador mediante el control estatal de los recursos naturales y su industrialización, de manera que los excedentes fueran volcados a las formas de economía plural, como la economía campesina, las cooperativas mineras y otros sectores informales, para de esa manera lograr el vivir bien de toda la población. 

En el caso del litio del Salar de Uyuni, se planteaba la industrialización 100% estatal, con tecnología y mano de obra boliviana, que desde la explotación de sal se llegué a la producción de baterías (la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE, 2011). Una forma de contribuir a la transición energética.

De acuerdo con la ex-Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (hoy Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación), el proyecto se llevaría adelante mediante tres fases: la Fase I consistía en la producción a escala piloto de sales de Litio y de una producción semi-industrial de Cloruro de Potasio en Llipi al sur del Salar de Uyuni. La Fase II consistía en producción industrial de las plantas piloto y la Fase III, de la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos, para la fabricación de baterías de Litio. 

La Fase I para producir carbonato de litio no concluyó satisfactoriamente, debido a que la materia prima no es apropiada para producir baterías, por lo que su producción industrial no está garantizada para cumplir la Fase II y pasar a la Fase III [1]. El proyecto de construcción de la planta industrial de carbonato de litio en Llipi al sur del Salar de Uyuni fue reformulado por una empresa alemana que contrató el gobierno, habiéndose entregado su ejecución llave en mano a una empresa China en mayo de 2018 con un tiempo de construcción de catorce meses, sin resultados a la fecha. La planta industrial de Cloruro de Potasio está en funcionamiento. Sin embargo, está lejos de alcanzar su capacidad máxima porque no hay compradores externos para la materia prima, además de sus altos costos de producción, por la falta de insumos en el mercado interno [2].   

La estrategia de industrialización 100% estatal cambia en el 2017 cuando se crea la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (ley 928 del 2017) en reemplazo de Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos, con el fin de posibilitar la asociación de la nueva empresa estatal corporativa con capitales extranjeros para la producción de la materia prima. A cinco meses del retorno del MAS al gobierno, el 30 de abril de 2021 lanza una convocatoria internacional para que empresas extranjeras inviertan en tecnología de extracción directa de litio, delatándose nuevamente sobre el fracaso de la industrialización estatal de litio, sin embargo lejos de reconocerlo artera y descaradamente que, se paralizó el proyecto durante el gobierno transitorio (golpista) con la intención de volver al pasado y entregarlo a los afanes transnacionales, por lo que el litio será la prioridad de la industrialización hacia el bicentenario (2025) [3] . 

Asuntos ignorados de la supuesta industrialización del litio

- Rezago económico y social del departamento de Potosí

Según el índice de Pobreza Multidimensional del Cedla (2019), el departamento boliviano más pobre es Potosí con el 68.5%. Es decir, su población sufre de falta de acceso a recursos monetarios y de bienes durables (como bienes del hogar, el logro educativo o el acceso a internet), acceso a empleo de calidad, así como a salud y educación   y de pérdida de poder y voz de la población, lo cual ha generado más pobreza, debido a la división y fragmentación de las organizaciones sociales, así como su menor participación e influencia en las decisiones políticas [4]. Esto pese a ser el principal productor minero del país con alrededor de 90% del PIB departamental y los mayores valores de exportaciones. 

Las demandas incumplidas del gobierno al departamento de Potosí datan de 2009 y son varias: i) fábricas de cemento, vidrios y cal; ii) el hundimiento del Cerro Rico de Potosí; iii) aeropuerto internacional; iv) conflicto por límites con Oruro; v) planta de tratamiento de concentrados de zinc; vi) planta hidroeléctrica; vii) Tres hospitales; viii) dos represas; ix) energía eólica; x) traslado de oficinas de COMIBOL ubicadas en La Paz; xi) recursos humanos en centros de salud y equipamiento; xii) carreteras de doble vías; xiii) etc. A estas demandas se suma la entrega de los yacimientos de litio a la empresa alemana ACI Systems. Contrato que fue anulado por el gobierno con el objetivo de frenar las protestas sociales luego de que fuera acusado por gran parte de la ciudadanía de fraude electoral de 2019 [18].

No hay que olvidar que, en el 2007, FRUTCAS pidió la industrialización de litio en el marco de su plan de desarrollo del sudoeste potosino. Sin embargo, con el tiempo la empresa estatal se fue alejando de las organizaciones y los gobiernos departamental y municipales, sin conocerse los resultados reales del avance del proyecto. De cuando en cuando visitaban el proyecto comisiones del gobierno central a la cabeza del presidente y otras altas autoridades, en oportunidad de anunciar las inversiones o para realizar inauguraciones parciales, aprovechando la oportunidad para lanzar discursos delirantes sobre la fabricación de baterías para la industria automotriz, ya que, al tener las principales reservas de litio del planeta, les permitiría no solo eso, sino controlar el mercado y los precios.

Es así que las comunidades en torno al Salar de Uyuni, demandan mayores beneficios de la minería para el departamento, como infraestructura, mayores regalías y que no se negocien sus recursos con empresas extranjeras sin su consentimiento.  Si bien se han desarrollado consultas públicas con las comunidades, éstas “no necesariamente siguen los criterios normativos internacionales, hacia algunas comunidades y municipios, que han tenido importantes limitaciones en términos de información” [5]. Sin embargo, es importante señalar que según la ley minera la consulta es informativa, desde esa perspectiva, las comunidades no deciden si se lleva o no adelante la actividad minera dado que “El Estado se reserva el derecho de decidir sobre este aspecto” [6]. 

Bajo ese contexto general de tensiones entre el gobierno y el departamento de Potosí, que se hacen más tensas a través de los años, existen aspectos de la presunta industrialización que afectan a las comunidades del entorno de la explotación que no están siendo consideradas seriamente. 

- Escasez hídrica:

De acuerdo con la investigadora Bárbara Jerez de OCMAL, “Organizaciones de Río Grande y Uyuni han manifestado su preocupación por el agua subterránea que se requiere para este tipo de extracción minera, así como también por la falta de información en las comunidades sobre esta actividad económica que se proyecta a futuro en sus territorios” [7].  

 Por tanto, otro tema urgente para las comunidades del Salar es la escasez hídrica. Por ejemplo, mientras se busca llevar a cabo una de las minería más intensivas en el uso de agua como es la minería del litio, “menos de un cuarto de “los hogares Colcha K (uno de los municipios más cercanos a las plantas de carbonato de litio y de cloruro de potasio) cuentan con acceso a saneamiento básico, y solo un poco más de la mitad cuenta con acceso a agua potable” [8]. A esto se suma que la región sufre ya de la presión por la explotación intensiva de agua en la mina más grande de Bolivia: San Cristóbal, ubicada también en el municipio de Colcha-k.

Como lo subraya Ebeliz Fuentes, en Colcha K, “las empresas mineras (incluida la YLB) utilizan pozos como fuentes de agua esto conlleva a uso intensivo de aguas subterráneas de las cuales muy poco o casi nulo control se tiene”. La investigadora agrega que estos “procesos para la obtención de Litio tienen rendimientos bajos, por lo que el agua no es utilizada de manera eficiente” [9].  

Por su lado, Vivian Lagrava Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Empodérate, de Potosí, denuncia que la explotación del litio no es amable con el medioambiente, no es sustentable. Ninguna actividad de exploración, ni de explotación lo es” [10]. A la vez agrega: “Debemos velar por el derecho humano al agua potable. Lastimosamente es lo que menos vemos en esas actividades” [11].  De este modo, la población urbana demuestra su preocupación sobre los potenciales impactos negativos de la minería del litio que, ya observan en sus vecinos chilenos y argentinos en sus actividades turísticas y en la naturaleza.

- Falta de información y participación:

Como lo describe el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, “hay comunidades más lejanas a las zonas de desarrollo del litio que no tendrían participación en dichos beneficios… y por lo mismo, tienen una perspectiva más crítica” [12] hacia los proyectos. Poblaciones como Colchani, situada a proximidad del salar, “han manifestado reclamos y demandas por los impactos del litio en las aguas –dado que no tienen agua potable y son productores de sal– y los riesgos de desplazamiento de flamencos, tratándose de comunidades cuya economía está relacionada con el turismo” [13].

En suma, parece ser que, las comunidades tendrán que relegar sus aspiraciones de mejores condiciones de vida, ya que luego de haberse gastado alrededor de $us 1.000 millones en la industrialización del litio, no hay beneficio para nadie: no hay la materia prima, no hay baterías, no hay regalías, no hay empleo, ni los efectos multiplicadores de una ocasional industrialización del litio en el departamento de Potosí.

 -Afectación de modos de vida:

Al mismo tiempo, un aspecto que no se ha estudiado lo suficiente es el impacto ambiental de una industrializacion “descuidada”[14] de esta actividad minera intensiva sobre las actividades económicas de las comunidades que habitan en proximidad al salar: el comercio, “el turismo,  la quínua, la llamería, y de la recolección de raíces, plantas y hierbas en la que en parte —no sólo—se involucran los poblamientos de los Ayllus y las comunidades en la región, dislocando aún más la sociedad rural del Sudoeste de Potosí y del entorno del salar —ya de todos modos crecientemente dislocada y afectada por los impactos de la economía global sobre ella”[15].

En cuanto a la afectación al turismo, las comunidades denuncian la afectación de sitios culturales.  “Un ejemplo es el caso del cerro Llipi, donde opera la planta de YLB, el que es considerado un sitio ritual y sagrado para la comunidad de Río Grande. La construcción y cierre del tránsito a personal no autorizado provocó el cuestionamiento de dicha comunidad” [16].  Igualmente, con lo realizado en la base experimental en la parte sur de lago cerca de la desembocadura del río Grande de Lípez se hace evidente la afectación de grandes superficies por la maquinaria pesada para la socavación y acondicionamiento de las piscinas de evaporación, diques, apertura de caminos y construcción de terraplenes. Se cuestiona sí la legislación ambiental y la gestión ambiental se han tomado en cuenta para este proyecto. 

 Pero más allá de los efectos paisajísticos que afectarán una pequeña porción del Salar de Uyuni en LLipi, es pertinente mencionar los efectos macro-ambientales que, aunque no perceptibles inmediatamente, podrían afectar con mayor fuerza a los modos de vida de las poblaciones aledañas a la explotación. Estamos hablando de la afectación del sistema hídrico de la región o la polución por la diseminación de polvos contaminantes de la explotación que se diseminan en el aire.

- Crisis política de 2019 y el litio:

El 2 de octubre dos dirigentes del Comité Cívico de Potosí “iniciaron una huelga de hambre en reclamo de la anulación de contratos de explotación de litio con firmas de Alemania y China” [17]. Cinco días después, el 7 de octubre del 2019, Potosí entra en paro indefinido para intensificar las medidas en rechazo a la firma de contrato entre YLB y la empresa alemana ACI Systems para crear una sociedad mixta entre el gobierno nacional para la producción de materia prima de litio y exportarla [18]. Asimismo, otras demandas de los movilizados son obtener mayores regalías para Potosí por la explotación del litio y mayores beneficios para la población. Según el Comité, la norma conllevaba a un "entreguismo" de los recursos naturales por parte del Gobierno a una firma extranjera. De igual manera, “nadie consultó al pueblo potosino al respecto”[19] constituyéndose así en otro ejemplo de cómo los procesos de consulta con las poblaciones locales han estado ausentes en estos procesos. 

 El gobierno de Evo Morales anula el contrato el 3 de noviembre para evitar que crezca el descontento generalizado de la población que ahora lo acusan además de haber firmado el contrato también de fraude electoral en las elecciones presidenciales [20]. Evo Morales sale del poder el 10 de noviembre del mismo año cuando la protesta del pueblo potosino había tomado otro curso. A raíz de esta situación se crearon varias teorías de conspiración asociadas a los intereses del imperialismo norteamericano por los recursos del litio. Entre ellas, una basada en un comentario de Elon Musk, dueño de la empresa más importante de autos eléctricos estadounidense, el cual se refirió a lo sucedido en Bolivia como “golpearemos a quien queramos. Aguántense” [21]. Esta respuesta fue inmediatamente tomada como prueba de complot que plantea que Estados Unidos apoyó un golpe en Bolivia para asegurar litio para Tesla.  

“El Estado plurinacional de Bolivia asegura al mundo un abastecimiento de litio… Es un compromiso del Estado boliviano para combatir el calentamiento global del planeta”

Existe una urgencia mundial de reducir rápidamente las emisiones de carbono con el fin de luchar contra el cambio climático. De hecho, el objetivo hacia el 2050 es retirar la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera del que se emite actualmente. Para alcanzar este objetivo se impulsa una transición desde los actuales sistemas energéticos basados en combustibles fósiles hacia sistemas basados en energías renovables. El litio ha sido caracterizado como un material crítico para la transición energética dado su papel esencial en la fabricación de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos, como alternativa al automóvil convencional que consume combustibles fósiles. 

En el entendido de que el litio se ha ido convirtiendo en un material clave para la transición energética, el gobierno populista boliviano se planteó la industrialización del litio 100% estatal en 2008, con el propósito de contribuir a un cambio de la matriz energética mundial, pero, además, basado en su concepción de economía plural, de contribuir con los excedentes al desarrollo de las formas de producción atrasadas de la región. De acuerdo con la ex-Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos “El Estado plurinacional de Bolivia asegura al mundo un abastecimiento de litio en volúmenes suficientes que permitirán un cambio total de la matriz energética global a través de: Vehículos eléctricos y combustible para futura fusión nuclear (energía eléctrica limpia) … Es un compromiso del Estado boliviano para combatir el calentamiento global del planeta” [22]. En esta misma línea, expresidente Evo Morales ha manifestado que “el Estado [boliviano] asegura al mundo un abastecimiento de litio en volúmenes suficientes para el funcionamiento de vehículos eléctricos… a un precio justo sin especulación ni monopolio” [23]. Sin embargo, muchos expertos en la materia, entre ellos Cristhian Stalberg, director de Natural Intelligence y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  “la industrialización del litio aún no se concreta”. Para el experto la explotación a escala industrial del litio incidirá, significativamente, en la contaminación del medio ambiente y en el cambio climático en Bolivia [24]. Frente al fracaso de este proyecto estatal, el gobierno se apresta a firmar acuerdos con empresas extranjeras para hacer viable la producción de materia prima y su exportación, mientras siguen relegadas las aspiraciones de la población para acceder a mejores condiciones de vida.

El descontento social que se expresa en movilizaciones de las organizaciones sociales, responde a demandas no satisfechas de la población que se agudizan como la falta de infraestructura, problemas medioambientales por la explotación minera, escaso desarrollo productivo, y sistemas de salud y educación precarios. Las movilizaciones sociales en los últimos años que han ido en contra de la política extractivista del partido de gobierno, han sido desacreditadas por éste, asociándolas al imperialismo norteamericano que conspira para adueñarse de los recursos naturales. Cuando en la práctica, los movimientos sociales han estado protestando y movilizándose en contra del gobierno que busca profundizar y acelerar el patrón primario, para prolongar su carácter rentista y extractivista.

En cuanto a la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, YLB afirma que tendrá una capacidad de producción de 15.000 toneladas (t) al año”.

https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20210430/32381