El proyecto minero cuprífero hoy conocido como Llurimagua se encuentra en las estribaciones occidentales de la cordillera occidental de los Andes en la provincia de Imbabura y en la región conocida como Intag. Sus bosques pertenecen al Hotspot de Biodiversidad más importante del mundo, los Andes Tropicales. El sitio donde se descubrió cobre es muy rico en agua, y cubierto por bosque primario y secundario nubosos los cuales albergan a decenas de especies en peligro de extinción, algunos reportadas en estos bosques y en ninguna otra parte del planeta. Las comunidades y organizaciones han librado una lucha en contra de 4 empresas mineras desde el 1995 en defensa de sus derechos Constitucionales, y para proteger sus fuentes de agua, y sus bosques nativos y biodiversidad, los cuales le dan vida a toda la región [1] [2]. La lucha del valle de Intag ha motivado la organización y despliegue de diversas iniciativas de mujeres, jóvenes, productores (café orgánico, sistemas agroforestales, red de pequeñas hidroeléctricas), ecoturismo, así como un fuerte proceso de organización y movilización territorial que busca defender el territorio y proponer otras formas de vivirlo más justa y sostenible [3]. A lo largo de estos años se han generado más de una centena de investigaciones científicas sociales y ambientales en la zona [4], se han impulsado informes alternativos [5], así como establecido radios, periódicos y diversos canales de información local y virtual. Se han creado redes internacionales de colaboración que han permitido, por ejemplo, que la lucha llegara a la Toronto Stock Exchange [6]. Y la lucha continúa bajo los diversos gobiernos ecuatorianos que ven en la minería a gran escala la continuación de una economía petrolera en retroceso. Un conflicto con historia En 1991-1998 Bishimetals llega a Intag en 1991 producto de un convenio de los gobiernos japones- ecuatoriano para evaluar el potencial minero del sector dentro de la concesión hoy conocida como Llurimagua. Bishimetals en ese entonces, era subsidiaria de la Mitsubishi Corporation, y todo el proyecto fue financiado por el gobierno japonés, a través de su agencia de cooperación internacional para el desarrollo (JICA). Resulta importante señalar esto último ya que los estudios no fueron financiados por empresas mineras, sino con fondos públicos de los japoneses, y es el único EIA que realmente demuestra los impactos de un proyecto minero a gran escala en un sitio como Intag. En el año 1996, La Japan International Cooperation Agency (JICA) y la Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) publican el informe de sus actividades de exploración, incluyendo una sección donde se advierte daños ambientales y sociales drásticos para una pequeña mina de cobre. Estos incluyen la reubicación de cientos de familias de cuatro comunidades, la deforestación masiva, que conducirá al secamiento del clima local (el término utilizado en el estudio fue desertificación), hasta impactos sobre especies en peligro de extinción y al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Así como la contaminación de ríos y quebradas con plomo, arsénico y otros metales pesados, el aumento de la delincuencia e impactos a vestigios arqueológicos preincaicos. Estos impactos fueron basados en una mina de tan solo 450.000 toneladas de cobre puro en un yacimiento de 72 millones de toneladas de mena. El año siguiente se infirió la presencia de 2.26 millones de toneladas de cobre en un yacimiento de 318 millones de toneladas. En 2018, Codelco calculó que podría tener 17 millones de toneladas de cobre en un yacimiento de 3.846 millones de toneladas de mena. En 1997, los comuneros alrededor del proyecto se reúnen y forman un comité y deciden pedir la salida de la empresa de los bosques de Junín. Ni el Gobierno ni la japonesa responden y los comuneros incendiaron el campamento. La empresa sale de Intag sin haber concluido las investigaciones, no sin antes el gobierno enjuiciar a 3 comuneros por sabotaje y terrorismo. En el 2018 el gobierno desistió del juicio. En 2004, se constata la presencia de la empresa canadiense Ascendant Copper y comienza una fase de división y conflicto. Al constatar una fuerte oposición, progresivamente las tácticas se vuelven más violentas, incluyendo amenazas de muerte a ciertos dirigentes. En 2005, el campamento de la empresa es incendiado en Chalguayacu Bajo por comuneros de toda la zona de Intag. Aunque los comuneros fueron denunciados ante la justicia, el juez los absuelve alegando en su dictamen:"El Código Penal ecuatoriano no prevé la sanción penal a una comunidad", (...)"los asambleístas han sido quienes tomaron la decisión de incendiar las instalaciones de la empresa Ascendant Copper S.A. en defensa del medio ambiente y de su comunidad, por los trabajos mineros que aquella ha emprendido en la zona, ante esta decisión Polibio Pérez, quien dirigió la misma y los otros imputados, es obvio que se encontraban ante la decisión impositiva de los comuneros y actuaron entonces movidos por una fuerza mayor (resolución comunitaria)"[7]. En octubre 2006 en base a una falsa denuncia se montó un montaje judicial en contra de Carlos Zorrilla, de la organización inteña DECOIN, cuyo fin fue arrestarle y encarcelarle para silenciarle a él y a su organización. El intentó falló, pero incluyó la invasión de su hogar con 19 policías fuertemente armados con orden de arresto y allanamiento. No le resultó a la empresa porque Carlos pudo evadir captura, escapándose en el último momento, escondiendose en el bosque. En el 2018, una corte en Quito sentenció que la denuncia fue maliciosa. Los policías, cabe mencionar, plantaron una arma, municiones y droga en su hogar, lo cual condujo a otra orden de captura por tenencia ilegal de arma (este capítulo se puede ver en el largometraje Bajo Suelos Ricos). En noviembre de 2006 Ascendant Copper contrata una empresas de seguridad de Quito y entrenan a varios moradores de Intag en las tácticas paramilitarismo. Intentan ingresar en la concesión minera vía cerro pelado, pero las comunidades bloquean la entrada a pesar de que los empleados de la empresa utilizaron bombas lacrimógenas y perros adiestrados. En diciembre de 2006 la empresa contrata a otra empresa de seguridad la cual rápidamente contrata a ex militares, les pone su traje de la empresa y les otorga armas que eventualmente fueron identificadas como de producción ilegal. El 2 de diciembre, intentan meterse a la concesión nuevamente por Chalguayacu Alto. Se realiza un enfrentamiento y balacera usando las armas ilegales en contra de comuneros desarmados, pero eventualmente los policías se retiran. Unos días más tarde aproximadamente 100 moradores de Intag, se reúnen en Junín y, sabiendo dónde se encuentran los paramilitares les caen de sorpresa y arrestan a 57 de ellos. Eventualmente son entregados a la policía con las armas ilegales, pero el gobierno no hizo nada (Este capítulo se puede ver en varios documentales, incluyendo, Después de la Neblina, Bajo Suelos Ricos, entre otros. Ninguno de los paramilitares, o sus jefes fueron sancionados, a pesar de utilizar armas ilegales no registradas). En 2011, Ecuador y Chile firman convenio para que Codelco desarrolle ciertos proyectos mineros seleccionados sin licitación. Enami EP (Empresa Nacional Mineral del Ecuador) es la titular de la concesión minera Llurimagua. En 2012 se constata la presencia de la empresa nacional minera Enami y Codelco intentando socializar el proyecto minero ahora como el apoyo del gobierno chileno. A Codelco no se la ve en las socializaciones, quién da la cara es la Enami quien también es la titular de la concesión. La mayoría de las comunidades rechazan el intento de socialización hasta tal punto que el Gobierno y la empresa se ve obligado a usar tácticas mucho más agresivas [8].
En 2013, las empresas no logran ingresar a las comunidades a socializar el proyecto y generar apoyo, por lo que el presidente Rafael Correa públicamente, y en varias ocasiones, desprestigia a ciertos dirigentes de la oposición en Intag, a tal punto que Amnistía Internacional intervino para garantizar la integridad de uno de los dirigentes [13]. En abril de 2014, cuando una camioneta de la ENAMI intentaba acceder a la concesión minera es bloqueada por unos comuneros por el sector de Chalguyaco Alto. En el enfrentamiento alguien rompe el parabrisas de la camioneta y los empleados de la Enami, a pesar de que era la primera vez que entraban a la zona, identifican a Javier Ramírez como responsable y a su hermano Víctor Hugo Ramírez. Javier, cabe mencionar, en ese entonces era el presidente de la comunidad de Junín y uno de los activistas antimineros más conocidos. Sin embargo, en el momento del conflicto Javier se encontraba en su casa siendo atendido por un doctor belga y estaba sin poder movilizarse debido a una hinchazón severa de la rodilla. El arresto se hizo arbitrariamente sin la orden de arresto y se realizó cuando regresaba con otro compañero de la comunidad de una reunión convocada por el Ministro del Interior de ese entonces, José Serrano. Javier es transportado varias horas en un patrullero, no se le informa la razón del arresto. Solo al llegar a la cárcel, se le muestra la orden de captura. Es encarcelado por 10 meses sin sentencia, para eventualmente ser sentenciado a 12 meses, condena que se redujo a 10 por buena conducta. (Este capítulo y el siguiente se pueden ver en varios documentales en youtube (Javier, y de Intag; Acoso a Intag; Intag Indefensión…) En mayo 2014 el Gobierno envía 389 efectivos de grupos élite de policía y militares que ingresan violentamente a la concesión minera. Codelco instala su campamento en el sitio denominado el mirador donde la comunidad llevaba a sus turistas dentro de la reserva comunitaria que la DECOIN. Reserva adquirida por la comunidad a fines de 1990. Igualmente el bosque donde eventualmente desarrollaron la exploración avanzada es parte de la reserva comunitaria, sin embargo, en ese tiempo nadie tenía escrituras [9].
Los policías, cabe mencionar, ocuparon no solo el sector de Junín y Chalguayaco Alto, sino toda la zona de Intag durante meses violando derechos fundamentales como el derecho a transitar libremente. En Junín permanecieron por lo menos 6 meses. Según moradores, en ese tiempo aprovechó la empresa para “socializar” el proyecto a los moradores, pero iban de casa en casa resguardado por policías o sea una intimidación descarada La Decoin estima que entre 2015 y 2018, la empresa inició su exploración, perforando al menos 90 pozos en el bosque primario de la comunidad. A inicios del 2019 Codelco reportó la posible presencia de 17 millones de toneladas de cobre en un yacimiento de 3.860 millones de toneladas de mena. Sin embargo, la cifra manejada por el gobierno es de 982 M/toneladas de mena [9]. A fines de 2018 Codelco solicitó la expansión del área de exploración a otras 700 hectáreas dentro de la concesión minera. Hasta el 2021, el Estudio de Impacto no ha sido aprobado y contiene gravísimas omisiones y errores. Inspección de la Contraloría y Exhortos de la Defensoría del Pueblo. En Agosto del 2018 la Contraloría General del Estado inspeccionó el proyecto minero, y el Marzo del 2019, publicó su informe [10], en el cual reportó más de 20 irregularidades y violaciones por las entidades estatales: a) al convenio Enami-Codelco, b) Estudio de Impacto Ambiental (falta de información básica, por ejemplo, c) deficiente socialización, d) falta de consulta, e) falta de licencia ambiental, razón por la cual la Contraloría reportó que hubo suficientes argumentos para anular la concesión minera y poner un alto al proyecto. En abril del 2019, la Defensoría del Pueblo publicó su Resolución sobre los atropellos asociados a la presencia de las mineras en Intag, detallando numerosas violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza [11]. Desde 2019, Codelco, quien ha financiado casi el 100% de la exploración, retira sus equipos (en noviembre de 2018) y hasta la fecha (10-2021) no reinician actividades esperando que se apruebe en nuevo estudio de impacto ambiental para ampliar el área de exploración. Otro obstáculo es el incumplimiento del convenio bilateral, donde indica que se debería constituir una nueva empresa para seguir desarrollando el proyecto minero. Ese incumplimiento llevó, en 2021, a que Codelco le lleve al Ecuador al ICC, tribunal internacional basado en Paris. Acciones Constitucionales. Con el apoyo de la Decoin, la sociedad civil planteó medidas cautelares basadas en la violación de los derechos de la Naturaleza (probable extinción de dos especies de ranas endémicas a el área minera). Se ganó en la primera instancia (Sept 2020), pero se perdió en la apelación por fallas insalvables de parte de la jueza de primera instancia (2021) [12]. La Decoin denuncia que las empresas (Enami y Codelco, pero Codelco más que todo) siguen haciendo presencia en las comunidades aledañas al proyecto y han contratado aproximadamente 50 trabajadores entre Junín y Cerro Pelado y siguen ofreciendo dádivas a las comunidades en cambio de obtener su apoyo. Mientras tanto, en el 2021 se registraron varios enfrentamientos en el sector de Barcelona y Cerro Pelado en momentos que Codelco intentó ingresar a socializar el proyecto minero, o para regalar cosas. Desde la DECOIN se destaca que basado en los impactos ambientales pronosticados por expertos japoneses en su estudio de impactos ambiental preliminar de 1996 para una pequeña mina de cobre, se podría convertir en uno de los más devastadores de la historia de la minería. Se basa esta opinión en proyectos mineros en sitios parecidos; ya que coinciden factores altamente sensibles como la alta pluviosidad, la super abundancia de aguas freáticas, la presencia de bosques primarios que albergan a decenas de especies en peligro de extinción, la topografía muy accidentada, los riesgos sísmicos, el contenido del yacimiento el cual generará drenaje ácido minero, cobre mezclado con metales pesados como el arsénico, plomo y cadmio. (See less) |
La movilización comunitaria detiene desde el año 1991 la explotación minera en el valle de Intag pero los avances y amenazas continúan. Ya se ven los impactos ambientales en los ecosistema, el agua y la comunidad.
El proyecto minero cuprífero hoy conocido como Llurimagua se encuentra en las estribaciones occidentales de la cordillera occidental de los Andes en la provincia de Imbabura y en la región conocida como Intag. Sus bosques pertenecen al Hotspot de Biodiversidad más importante del mundo, los Andes Tropicales. El sitio donde se descubrió cobre es muy rico en agua, y cubierto por bosque primario y secundario nubosos los cuales albergan a decenas de especies en peligro de extinción, algunos reportadas en estos bosques y en ninguna otra parte del planeta. Las comunidades y organizaciones han librado una lucha en contra de 4 empresas mineras desde el 1995 en defensa de sus derechos Constitucionales, y para proteger sus fuentes de agua, y sus bosques nativos y biodiversidad, los cuales le dan vida a toda la región [1] [2]. |
| Nombre del conflicto | Proyectos mineros en Intag, Junin, Ecuador |
| País | Ecuador |
| Estado o provincia | Imbabura |
| Ubicación del conflicto | Cotacachi |
| Precisión de la localización | Nivel alto (local) |
| Detalles del proyecto | En el año 1996, La Japan International Cooperation Agency (JICA) y la Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) publican el informe de sus actividades de exploración, incluyendo una sección donde se advierte daños ambientales y sociales drásticos para una pequeña mina de cobre. Estos incluyen la reubicación de cientos de familias de cuatro comunidades, la deforestación masiva, que conducirá al secamiento del clima local (el término utilizado en el estudio fue desertificación), hasta impactos sobre especies en peligro de extinción y al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Así como la contaminación de ríos y quebradas con plomo, arsénico y otros metales pesados, el aumento de la delincuencia e impactos a vestigios arqueológicos preincaicos. |
| Área del proyecto | 7000 |
| Tipo de población | Rural |
| Población afectada: | 37000 |
| Inicio del conflicto: | 1991 |
| Nombre de las companías o empresas estatales: | CODELCO from Chile Ascendant Copper from Canada Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) from Ecuador Mitsubishi heavy industries from Japan |
| Actores gubernamentales relevantes | Ministerio de Energia y Minas , Municipio de Cotacachi |
| Instituciones financieras e internacionales | The World Bank (WB) from United States of America Japan International Cooperation Agency (JICA) from Japan |
| Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Coordinadora Zonal Intag, Comite Zonal Gestion Ambiental, Comite Zonal de Educacion, Coordinadora de Mujeres Intag, Consorcio Toison, Coordinadora de Jovenes de Intag, Organizacion ecologista DECOIN (Defensa Ecologica y Conservacion de Intag, https://www.decoin.org/ )., Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Ecuador, Accion Ecologica |
| Intensidad del conflicto | Alta (difusión, movilizaciones masivas, reacción de las fuerzas policiales, violencia y arrestos) |
| Estado/fase del conflicto | Estado preventivo (resistencia precautoria) |
| Grupos mobilizados: | Agricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales internacionales Organizaciones sociales locales Gobiernos locales/partidos políticos Ciudadanos (vecinos) Movimientos sociales Organizaciones de mujeres Grupos discriminados por cuestiones etnicas y/o raciales Cientificos locales/profesionales |
| Formas de mobilización: | Bloqueos y piquetes Investigación participativa y comunitaria(epidomología popular, etc.) Elaboración de informes alternativos Desarrollo de redes y acciones colectivas Desarrollo de propuestas alternativas Involucramiento de ONG nacionales e internacionales Ocupación de tierras Acciones judiciales Activismo mediático Presentación de observaciones y objeciones al EIA Reclamos a partir de petitorios y declaraciones públicas Campañas públicas Referendum, consultas ciudadanas Activismo financiero Manifestaciones callejeras Daños patrimoniales Ocupación de edificios públicos y espacios públicos Defensa de los derechos de la madre tierra Defensa de los recursos por su valor económico |
| Impactos ambientales | Visible: Pérdida de biodiversidad, Degradación de paisaje, Deforestación y pérdida de área cultivada, Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua Potencial: Contaminación atmosferica, Desertificación y sequía, Seguridad alimentaria (problemas con cosecha, etc.), Contaminación del suelo, Erosión del suelo, Desbordamiento de residuos, Contaminación de agua subterránea, Impacto en sistema hidrogeológico, Reducción de la conectividad ecológica/hidrológica, Derrames de sustancias tóxicas, residuos mineros |
| Impactos en la salud | Potencial: Situaciones de violencia con efectos en la salud, Problemas de salud relacionados con alcolismo, violaciones, etc., Otras enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental |
| Impactos socioeconómicos | Visible: Aumento de la corrupción/cooptación de distintos actores, Desalojo, Militarización y aumento de presencia y control de las fuerzas del orden, Violanciones a los derechos humanos, Expropiación de tierra Potencial: Falta seguridad laboral, ausentismo, despidos, desempleo., Pérdida de formas de subsistencia, Deterioro del paisaje y perdida de sentido de identidad del lugar |
| Estado actual del proyecto | Parado |
| Resultado del conflicto / respuesta: | Corrupción Criminalización de activistas Decisión judicial a favor de la justicia ambiental Indecisión judicial Represión Fortalecimiento de la participación Violencia contra activistas Aplicación de regulaciones vigentes Retirno de compañía/inversiones Proyecto temporalmente suspendido |
| Desarrollo de alternativas: | - La Asociacion Agroartesanal de Caficultores Rio Intag surgió como una propuesta a la mineria. - Hidrointag es la propuesta de pequeñas represas para la generacion de energia hidroelectrica que cubran la demanda de los habitantes del Valle de Intag y sus alrededores. El Consorcio Toisán fue conformado para coordinar diversas alternativas territoriales |
| ¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | SI |
| Explicar brevemente el motivo: | Sin embargo y pese a los acontecimientos surgidos y consecuente éxito de los pobladores en contra de la actividad minera, LA actividad continua siendo una amenaza latente, ya que los gobiernos que han seguido mantienen una política extractivista mediante la cual se pretende que el país ingrese en una etapa de minería a gran escala |
| Leyes y regulaciones o cualquier otro tipo de texto jurídicos relacionado |
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| Bibliografía a libros publicados, artículos académicos, películas o documentales publicados |
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| Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales | |||||||||||||||
| Otros documentos: | Impactos especificos sobre mujeres: Una gran parte del impacto familiar de las violaciones de derechos humanos ha recaído sobre las mujeres, sobre carga de trabajo, graves impactos afectivos, convirtiéndose en muchas ocasiones en el único sustento del hogar y del cuidado de sus hijos.La presencia de la fuerza pública en las comunidades, ha significado también situaciones de intimidación y acoso a las mujeres, que proceden en ocasiones del consumo de alcohol por parte de la fuerza pública.“Teníamos un hogar normal sin problemas, ahora mi vida está alterada, antes manejábamos la casa los dos ahora yo he tomado las responsabilidades, cocinar, lavar, dormir tarde, levantarme temprano, mi hija está espantada viendo policías rondando la casa, si se diera la minería quisiera salir de aquí” (pobladora de Junín)La violencia política ejercida sobre estas comunidades no solo ha supuesto la ruptura del tejido social en la comunidad sino también la ruptura de las relaciones familiares y personales entre amigos y vecinos. |
| Última actualización: | 23/11/2021 |
| ID conflicto: | 778 |