Los pobladores locales están muy preocupados por los problemas que puede crear la minería del litio en sus territorios, principalmente, por los impactos negativos que ocasionarían sobre los salares, el medio ambiente y la población: especialmente por el peligro del  uso del  agua para la explotación del litio cuya consecuencia sería una desertificación severa que impediría la continuación de sus vidas en esta cuenca, obligándolos a migrar a otros lugares. También preocupa el efecto negativo que pueda tener para el turismo incipiente, desarrollado desde hace algunos años en la región [1]. 

Las comunidades de la cuenca de Salinas conocen lo que está sucediendo en otros salares cercanos en donde ya comenzaron a explotar el litio: por ejemplo, en el Salar de Olaroz y en el Salar de Atacama en Chile. En estos ambientes frágiles como son los salares, se nota el carácter invasivo de la minería del litio: enormes piletones para la evaporación del agua, torres de perforación y otras instalaciones, movimiento de camionetas, cerramientos, etc. Las familias que viven con sus animales en los bordes de los salares ven a las empresas mineras como un invasor de sus territorios  y sus recursos naturales. Así mismo, cabe agregar que en la cosmovisión indígena, cualquier intervención en el entorno natural es potencialmente riesgosa, porque puede distorsionar o hasta romper el complejo tejido de relaciones recíprocas construido con la naturaleza a través de las prácticas cotidianas y rituales [2].

Desde hace doce años, las comunidades, que ya fueron reconocidas legalmente en Argentina,  denuncian en diferentes instituciones y foros que no fueron  consultadas, y que se están violando sus derechos sancionados y promulgados a nivel nacional e internacional. Entre sus múltiples acciones, se puede mencionar: la construcción de alianzas con ONG de derechos humanos y ambientales, la búsqueda de su reconocimiento legal como pueblos indígenas y el desarrollo de manifestaciones con efectos mediáticos, como el corte realizado en el Departamento de Tumbaya. Iniciaron medidas legales en contra de los estados provinciales y las empresas mineras, a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, en 2011 iniciaron una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, por ser un conflicto interjurisdiccional, solicitando la implementación de la consulta previa libre e informada) [3]. La CSJN llevó adelante una audiencia pública con los afectados y el gobierno de Jujuy (no se convocó al de Salta). Presentaron también una demanda ante el Foro Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (asesor del ECOSOC), que realizó recomendaciones al gobierno argentino, y presentaron también una denuncia ante el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, quien los visitó en su territorio e incluyó en su informe, la problemática de las Salinas Grandes [4].

Como resultado de estas múltiples acciones han logrado frenar temporalmente el desarrollo de  los  proyectos de litio en su territorio. 

Discursos estatales y corporativos para avanzar el proyecto

Existe una urgencia mundial de reducir rápidamente las emisiones de carbono con el fin de luchar contra el cambio climático. De hecho, el objetivo a 2050 es alcanzar la carbono neutralidad a nivel mundial [5]. Para alcanzar este objetivo se impulsa una transición desde los actuales sistemas energéticos basados en combustibles fósiles hacia sistemas basados en energías renovables. En esta transición las tecnologías basadas en la electrificación y el almacenamiento energético adquieren un papel fundamental. En este contexto, el litio ha sido caracterizado como un metal crítico para la transición energética dado su papel esencial en la fabricación de vehículos eléctricos alimentados por baterías de iones de litio como alternativa a los carros convencionales.

La empresa canadiense Dajin Lithium Corp es consciente del papel que se le ha dado al litio en la transición energética y lo aprovecha como una oportunidad para promover su negocio. Detrás de una aparente preocupación por reducir las emisiones de CO2 a través de la electromovilidad, Dajin capitaliza la transición a la electromovilidad con el fin de atraer inversores interesados en invertir en proyectos “verdes” recalcando que “existe un mayor interés en cuidar el medio ambiente debido al miedo continuo al calentamiento global” [6]. La empresa publica artículos en su sitio que abogan por una transición energética citando frecuentemente a Elon Musk [7], el magnate de la compañía estadounidense de electromovilidad, TESLA motors inc, la cual se especializa en la producción de baterías de litio y autos eléctricos en Norteamérica. De este modo, en sus presentaciones le recuerda a sus inversionistas que “con algunas de las personalidades más importantes en los negocios internacionales como Tim Cook de Apple y Elon Musk de Tesla impulsando la minería de litio, la energía verde seguirá apareciendo en los radares de los inversores durante los próximos años” [6].

Por otro lado, utilizando discursos corporativos mineros similares, el gobierno argentino hace alusión a la necesidad de explotar el litio dado que es el país con la segunda reserva más grande de litio en el mundo. El Secretario de Minería de Jujuy, por su parte, enmarca al litio en el marco de la transición energética, incluyéndolo además entre las “alternativas energéticas para el cuidado del medio ambiente” [1]. Sin embargo éste va más allá, y manifiesta que el proyecto de Salinas Grandes se necesita así eso suponga imponerse sobre los intereses de las comunidades. En el documental 'En el nombre del Litio', el secretario dice “Nosotros tenemos la obligación de cuidar a la gente y de escuchar a las comunidades, pero también tenemos la obligación con 40.000 de habitantes del pueblo argentino que tenemos que ayudar a desarrollar. Entonces si el gobierno define que eso es importante para el desarrollo de la provincia, el gobierno lo va avanzar” [1]. 

Por otro lado, durante la convención minera más grande del mundo Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) (Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, en español) que se realiza cada año en Toronto, Canadá, representantes del gobierno nacional y gobernadores de varias provincias argentinas, entre ellas el de Jujuy, resaltaron  el potencial minero geológico de Argentina y las oportunidades para empresas mineras internacionales en el país. Asimismo,  pintaron la minería en el país como una actividad inclusiva, sustentable y verde que mejora la vida de la población. El PDAC es una “conferencia anual donde las empresas mineras de todo el mundo convergen para hacer negocios y garantizar que puedan continuar operando de una manera en la cual puedan continuar priorizando las ganancias sin importar los costos” que sus operaciones generan para las comunidades: costos ambientales, sociales y/o de derechos humanos [8]. 

Utilizando los mismos discursos corporativos mineros, la delegación argentina destacó el litio como un metal vital para enfrentar los “nuevos desafíos de la revolución industrial verde” [9].

Las preocupaciones ambientales y sociales y la violación al derecho a la consulta que a lo largo de más de 10 años la Mesa de Comunidades Indígenas de la Cuenca de  Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc para la defensa del territorio demuestran que el discurso de la transición energética utilizado por empresas mineras que intentan explotar litio en su territorio no es más que una manera de lavar/invisiblizar la violación de derechos y repercusiones medioambientales de esta actividad minera ante sus inversionistas en el Norte Global. Como lo puntualiza Clemente Flores de la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes:“El planeta necesita consumir energías más limpias, ¿pero por qué tiene que hacerse a costa del sacrificio de una región del planeta? ¿Justo en nuestra tierra?”[1].

La obtención de litio implica no solamente la perforación del salar sino también su secado en enormes piletones que tienen que ser instalados en el salar. Para llegar a la pureza requerida por el mercado internacional –carbonato de litio al 99%–, la precipitación debe repetirse varias veces, para lo cual se necesita agua en cantidades considerables.

Informes de profesionales constataron que las perforaciones en el área con aparente objeto de prospección minero y/o hidrogeólogica están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos.

También se destaca la presencia de perforaciones abandonadas y sin los permisos necesarios. Por ejemplo, la perforación de Santa Ana, realizada por la empresa Dajin SA y denunciada por la Mesa de Salinas Grandes, es admitida, pero explicada por el gobierno de Jujuy como una «perforación inconsulta».