El proyecto “producción de sales de Maricunga” consiste en la extracción de litio y potasio a 172 km al noroeste de la ciudad de Copiapó, en el sector norte del Salar de Maricunga. La empresa a cargo es Simco Spa, perteneciente al grupo Errázuriz de Chile [1]. En junio de 2018 se presentó el informe de impacto ambiental (EIA) para ser evaluado por las autoridades y poner en marcha una consulta ciudadana. A fines de agosto se realizó la audiencia pública, donde quedaron expresados distintos argumentos que cuestionaron el proyecto y plantearon los problemas ambientales, sociales y culturales asociados al mismo [1]. Entre estos, se apela a que el salar Maricunga es un territorio protegido que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Tres Cruces. El emprendimiento extractivo de litio y potasio se encuentra dentro estos límites y sus operaciones se realizarían cerca de la Laguna Santa Rosa. Esta laguna cuenta con riqueza florística (11 especies nativas) y diversidad en avifauna, además de ser un sitio de anidación de aves altoandinas (flamencos y taguas, gaviota andina), presencia de vicuñas (protegidas) y de vegetación (humedales andinos por afloramiento de agua). Esto otorga importancia mundial a los servicios ecosistémicos que prestan el salar y la laguna, por lo que es uno de los 13 sitios Ramsar declarados en Chile [1]. Así también, en el área existen 17 especies de fauna con problemas de conservación y considerado como sitio de prioridad 1 en el "libro rojo" de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile [2] Además, en la consulta ciudadana se advirtió la falta de calidad técnica del Estudio Impacto Ambiental. Por un lado, se argumentó sobre los problemas de representatividad de las muestras para analizar el comportamiento de la fauna cercana a las faenas mineras, en particular los reptiles. Por otro lado, se cuestionó la información estadística utilizada para analizar el impacto de la actividad en la cuenca y el sistema hídrico de la zona. Se destacó la falta de estudios sobre escorrentías superficiales, las fuentes de agua y su cantidad para la construcción; y los problemas de representación espacial de las líneas de base a nivel cuenca. También se solicitó información sobre la calidad de agua por transporte hacia y desde el área del proyecto [3]. Los sectores vinculados al turismo expresaron su preocupación por la afectación al paisaje, como también el impacto negativo del emprendimiento sobre rutas patrimoniales y al emprendimiento hotelero que recibe turistas de alto poder adquisitivo [1]. La comunidad indígena Colla Paiote reclamó la invisibilización de su comunidad como usuarios y habitantes ancestrales de este salar, tanto en el proceso de consulta (como establece el artículo 86 del reglamento del sistema de Estudios de Impacto Ambiental) como en el propio informe de impacto ambiental. En la declaración pública dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental, las comunidades alegan de no haber sidos informados previamente de la existencia de una evaluación de impacto ambiental y destacan que éste desconoce el valor espiritual, cultural, económico y ambiental del territorio ya que el informe no incluye información georeferenciada sobre las prácticas culturales y económicas de estos pueblos indígenas, violando el artículo 5 del convenio 169, no respetando la integridad de las prácticas y valores de estos pueblos [4]. Las memorias del daño ambiental producido por proyectos mineros que operaron en la misma zona, están presentes en las preocupaciones de quienes se oponen a este proyecto. En el 2016 el emprendimiento aurífero Maricunga, operado por la empresa Kinross y ubicado en el Parque Nacional Tres Cruces, fue sancionado por secar 70 hectáreas del humedal Valle Ancho. También la empresa minera estatal Codelco fue denunciada por la comunidad indígena del sector por extraer agua de un humedal ubicado en la zona cordillerana de Atacama [1]. Por su parte, distintas entidades gubernamentales han expresado preocupaciones por el proceso de evaluación ambiental. La gerencia de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la División de Protección de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Departamento de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos (DGA) han resaltado que no se proponen medidas de descontaminación en el área posiblemente afectada por el derrame de sustancias, ni se justifican los parámetros hidráulicos del acuífero que se planea explotar [3]. El sector turismo también se suma a los detractores del proyecto quienes ven con preocupación la afectación paisajística en uno de los principales atractivos turísticos de Atacama [1]. Desde la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud cuestionaron la falta de procedimientos y medidas de mitigación, reparación y compensación de los efectos nocivos asociados con el transporte, descarga y almacenamiento de mineral y otras sustancias peligrosas involucradas en la ejecución del proyecto. Por su parte la Subsecretaría de Medio Ambiente presentó observaciones, rectificaciones y ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la compañía. En particular la Subsecretaría encontró inconsistencias en el Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación que solicitaban verificar en campo la aplicabilidad de las medidas propuestas, y justificar técnicamente los parámetros del modelo numérico utilizado. La empresa solicitó la extensión de plazo para la entrega de observaciones y rectificaciones que permitirían finalizar el procedimiento de evaluación ambiental. En esta petición, SIMCO SpA argumentó que “hemos acogido esta solicitud, para lo cual estamos contratando los sondajes, los cuales estarán terminados en enero de 2019, mes en que se realizarán las pruebas de bombeo y reinyección de salmuera.Con lo cual solo durante febrero de 2019 se contará con los parámetros para ser ingresados en el modelo conceptual y numérico. En nuestra experiencia se requieren 2 meses para contar con una buena calibración del modelo numérico, con lo cual nos situamos a fines de marzo de 2019” [5]. Si bien el proyecto se encuentra pausado, en febrero de 2020 otro proyecto de litio en Maricunga por la Minera Salar Blanco, obtuvo la aprobación ambiental por medio del SEIA. Un año antes, la minera nacional CODELCO y Salar Blanco habían anunciado un acuerdo no vinculante para explorar una empresa mixta en el salar Maricunga, acuerdo que podría llevarse a cabo en relación a este proyecto [6].
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