La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido utilizada por el Gobierno Panameño como justificación para promover el aumento del número de minas metálicas a cielo abierto en el país como una “estrategia” de reactivación económica [1]. A pesar de la enorme biodiversidad que reposa en sus bosques tropicales y la riqueza hídrica del territorio [2], el Gobierno insiste en promover la minería como una actividad de recuperación económica pese a los graves impactos que ocasionará, dado que la gran cantidad de contratos aprobados (14) y solicitudes de concesión (130) se ubican en zonas cercanas o que traslapan áreas protegidas, zonas de nacimiento de cuencas hidrográficas, corredores biológicos, lo cual considerando la topografía del país y su estrecho territorio, con más de 500 ríos, ocasionará impactos ambientales y sociales desproporcionales [3]. El 13 de mayo de 2021, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), autoridad encargada de otorgar las licencias y concesiones extractivas, reincorporó al régimen de concesiones mineras un total de 25,599.72 hectáreas [4], ubicadas en su mayor parte dentro del área protegida de Donoso, dentro del Corredor Biológico Mesoamericano [5]. Esta reincorporación se hizo de forma inconsulta [6], toda vez que no se emplearon los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá en el 2020 [7]. Aunado a esto, desde 1997 se concesionaron 13,000 hectáreas para la extracción de cobre y oro a cielo abierto dentro del área de Donoso [8]. Esta mina es operada actualmente por la empresa canadiense First Quantum Minerals, a través de su filial panameña Minera Panamá, S.A, la cual se dedica a la extracción de cobre [9]. Sin embargo, a pesar de que en el 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Contrato-Ley de 1997 [10]. Luego de nueve años el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y según argumenta el fallo judicial, la concesión no representaba los mejores intereses para el Estado; sin embargo la mina ha seguido operando bajo el pretexto procesal de que el fallo aún no se encontraba en firme [11]. A pesar del fallo de la Corte, el Gobierno Panameño anunció el pasado 14 de julio que iniciaría un proceso de “renegociación” del Contrato-Ley de Minera Panamá para que la mina pueda seguir operando [12]. Luego del anuncio de la renegociación, la Corte Suprema de Justicia finalmente rechazó los recursos interpuestos por la empresa Minera Panamá contra el fallo, por lo que ya se encuentra en firme [13]. Protestas en contra de la minería: PANAMÁ VALE MÁS SIN MINERÍA Estas acciones a favor de la minería metálica a cielo abierto impulsadas por el Gobierno han desencadenado una serie protestas y acciones a nivel nacional contra esta actividad [14]. A finales del año 2020 el gobierno de Panamá inicia una serie de anuncios sobre el desarrollo de nuevas políticas mineras para el país, al igual que una manifiesta intención de lavar la cara a la minería indicando que se puede desarrollar minería sostenible y que además la minería contribuirá a la recuperación económica del país tras los meses de restricciones y afectación al sistema laboral por la pandemia del COVID-19. Los primeros meses del año 2021 fueron determinantes para las comunidades afectadas por la explotación de la Empresa Minera Panamá quienes ante los anuncios del gobierno de ampliar las zonas de explotación minera en la provincia de Coclé inician a movilizarse y a buscar apoyo de organizaciones nacionales. Se iniciaron protestas articuladas en todo el país señalando los peligros de la minería y denunciando la exclusión de la población en las decisiones respecto a la minería. Se han desarrollado protestas donde participan jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá, sede de Coclé, provincia afectada directamente por Minera Panamá. Se fueron sumando organizaciones ambientales, cívicas, oenegés, movimientos sociales, asociaciones de educadores, de todo el país. Evolucionando poco a poco a una articulación nacional denominada PANAMA VALE MÁS SIN MINERÍA. Actualmente la articulación nacional está librando una lucha con el fin de parar las intenciones del gobierno en convertir a Panamá, en un país minero. Descontento social por la promoción de la minería metálica como una actividad económica “sostenible” El mensaje que ha diseminado Minera Panamá se basa en una promoción amplia, utilizando todos los medios posibles (radio, prensa escrita, tv, redes sociales) por medio de los cuales transmite un mensaje de “nuestro éxito a largo plazo es fundamental que nos ganemos y mantengamos el apoyo de la comunidad por la minería. Procuramos traer beneficios tangibles a los empleados y comunidades de los proyectos mineros. Nuestro programa mundial de Responsabilidad Corporativa Social (RCS) busca el equilibrio entre la buena práctica y las necesidades de cada sitio y de las comunidades anfitrionas de cada país donde tenemos operaciones. En nuestro programa y estrategia de RCS, nuestras iniciativas y actividades guardan congruencia con la buena práctica internacional y se realizan de manera sistemática en todos los sitios. Éstos son algunos de los numerosos ejemplos de nuestros programas de RCS del mundo entero” [15][16]. El descontento social por la promoción de la minería metálica como una actividad económica “sostenible” creció desde que se dio a conocer en medios de comunicación sobre el reciente derrame de aguas residuales de la mina en un río de la localidad [17]. De llegar a darse el otorgamiento de nuevas concesiones mineras dentro del área protegida de Donoso, no solamente se aumentará el número de incidentes de contaminación en la zona, sino que se cortará la conectividad que proporciona el Corredor Biológico Mesoamericano para las especies de la región. Impactos ambientales El desarrollo u operación de la mina de cobre ha generado impactos ambientales, sociales, laborales y culturales que no han recibido la atención oportuna y con la fortaleza suficiente. Por un lado el Ministerio de Ambiente reconoce que el desarrollo minero ha causado 209 incumplimientos ambientales a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y muchos de los registros de los mismos son por reincidencia de la empresa. Por ejemplo, en un artículo de la prensa, señala que “Las descargas de aguas residuales de la mina y puerto “causan impactos negativos en los ecosistemas naturales y poblaciones humanas [ …]a través del aporte de contaminantes peligrosos, metales pesados, agentes patógenos causantes de enfermedades” se indica en 2019. Para la sociedad panameña esto no es de extrañar, porque se reconoce que el Ministerio de Ambiente no tiene una fortaleza institucional y que muchos de los procesos de supervisión y seguimiento son insuficientes, no tienen personal calificado ni los equipos necesarios. Por otro lado, se limitan a un registro de incumplimientos con sanciones administrativas irrisorias para casos graves de faltas a normas ambientales. [18] Problemas laborales, de salud y corrupción En cuanto al tema laboral, los trabajadores de la mina de cobre Panamá mantienen un conflicto laboral con la empresa Minera Panamá, ante el cual el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) no ha actuado en miras a defender los derechos laborales, sino como mediador entre la empresa Minera Panamá y las organizaciones, Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros de Panamá (STM), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Construcción (SINDICOS) y al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), promoviendo la negociación y resolución de conflictos dentro de los cuales destacamos: -Afectación a la Libertad sindical -Contratación de trabajadores extranjeros sin permiso laboral -Denuncias de contratación masiva de personal extranjero y no inclusión de personal de las comunidades afectadas [19] En cuanto al tema de salud, se han registrado situaciones durante la pandemia, denunciadas por los el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería (STM), quienes han exigido al Ministerio de Salud (Minsa) que proceda con el inmediato traslado de los más de 2,000 trabajadores que permanecen en Minera Panamá, debido a que “están en peligro porque no existen las condiciones sanitarias, ni la infraestructura suficiente, para implementar las medidas preventivas que eviten el contagio masivo de coronavirus (COVID-19). En abril del año 2020 se reportaba un tercer colaborador de Minera Panamá fallecido, por lo cual miembros del sindicato de trabajadores denunciaban la falta de responsabilidad de la empresa. A lo cual la empresa Minera Panamá y el subcontratista Stracon lamentaron el fallecimiento de su colaborador quien trabajaba en el proyecto Cobre Panamá. Ante estas informaciones el Ministerio de Salud realizó inspecciones. Relativo al tema de la corrupción, esta empresa Minera ha estado bajo la lupa desde hace varios años, debido a que se les acusa de manipulación de información que vincula a expresidentes del país.. La sociedad minera Petaquilla Gold ha presentado un arbitraje de inversiones contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) demandando cerca de 2.800 millones de dólares por una concesión minera anulada en 2015. Según información publicada por la Agencia EFE y recogida por diferentes medios, el despacho de abogados K&L Gates LLP presentó el 5 de octubre de 2021 la demanda en CIADI (ver «Dueños de extinta mina de oro en Panamá reclaman 2.390 millones de euros (06.10.2021). En diciembre de 2017, el Pleno de la Corte Suprema de Justica de Panamá declaró inconstitucional un contrato de 1997 entre la sociedad minera Petaquilla y el Estado panameño (Panamá otorgaba unas 13.600 hectáreas para la explotación minera, que se dividió posteriormente en 2014 en dos, quedándose Petaquilla Gold con cerca de 645 hectáreas) por no cumplir con los principios básicos de contratación pública: no representaba los intereses del Estado y obviaba el bienestar social y el interés público. El contrato era una concesión de veinte años para explotar los recursos minerales del Cerro Petaquilla, más tarde conocido como Molejón, y la demanda respondía a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Centro de Incidencia Ambiental en 2009 por poner en peligro la biodiversidad de Panamá. La sentencia de 2017 suponía el fin del contrato con Petaquilla, y ya entonces se alertó de la posible reclamación a través de arbitraje en tribunales internacionales. En mayo de este año, el Ministerio de Comercio e Industrias panameño invalidó la concesión del proyecto minero Molejón dado a Petaquilla Gold convirtiendo las cerca de 645 hectáreas en reserva. El Ministerio acusaba a la empresa de no subsanar incumplimientos relacionados con pago de regalías o medidas de protección medioambientales (ver «Estado recupera tierra concesionada a Petaquilla. «Ohigginis Arcia Jaramillo, La Prensa, 15.05.2021). “la minería no es la manera de combatir el cambio climático” Pese a esta serie de acciones por parte del gobierno para intentar convertir a Panamá un un país minero, el gobierno estuvo recientemente en Glasgow para la COP26 para mantener vivo el 1,5 del Acuerdo de París. Sin embargo, como lo puntualiza el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) Panamá “La estrategia gubernamental de impulsar la minería en un país biodiverso, demuestra que los discursos de Cambio Climático y conservación sólo son argumentaciones vacías. Tiempo de Emergencia Climática. Los discursos no salvan ecosistemas, las acciones sí #PanamáValemássinMinería”. Para el Movimiento Panamá vale más sin minería, la minería no es la manera de combatir el cambio climático. Por el contrario, la lucha contra el cambio climático se lleva a cabo protegiendo ecosistemas como el Corredor Biológico Mesoamericano e impidiendo que llegue la minería a estos territorios y ecosistemas. (See less) |
La deforestación empezó con la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold y ha continuado con la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
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La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido utilizada por el Gobierno Panameño como justificación para promover el aumento del número de minas metálicas a cielo abierto en el país como una “estrategia” de reactivación económica [1]. A pesar de la enorme biodiversidad que reposa en sus bosques tropicales y la riqueza hídrica del territorio [2], el Gobierno insiste en promover la minería como una actividad de recuperación económica pese a los graves impactos que ocasionará, dado que la gran cantidad de contratos aprobados (14) y solicitudes de concesión (130) se ubican en zonas cercanas o que traslapan áreas protegidas, zonas de nacimiento de cuencas hidrográficas, corredores biológicos, lo cual considerando la topografía del país y su estrecho territorio, con más de 500 ríos, ocasionará impactos ambientales y sociales desproporcionales [3]. |
| Nombre del conflicto | Cobre Panamá de First Quantum Minerals Ltd, Panamá |
| País | Panama |
| Estado o provincia | Provincioas de Colón y Coclé |
| Ubicación del conflicto | Distrito de Donoso |
| Precisión de la localización | Nivel alto (local) |
| Detalles del proyecto | La energía del proyecto será generada por una central termoeléctrica de carbón ubicada en el sitio del puerto y transmitido a los sitios de la mina y la planta a lo largo de un nuevo corredor de acceso. El exceso de electricidad y el suministro de retroalimentación es posible desde la red nacional. La energía eléctrica que ingresa a la mina es proporcionada por una línea de transmisión de 34 kV |
| Área del proyecto | 38,000 ha aproximadamente. (13,000 ha ConcesionAdas A Minera Panamá y 25,000 ha Reincorpordas Al Régimen de Concesiones MINERAS) |
| Nivel de inversión: | Para la Camara Minera de Panamá y aliados, si bien el Gobierno de Panamá busca expandir la minería, el éxito de estos esfuerzos podría verse obstaculizado por la falta de proyectos y una exploración muy limitada. El sector está dominado por Cobre Panamá, que con US$6.500mn es una de las mayores inversiones de la historia del país, con una capacidad de producción de 350.000t/a del metal rojo. First Quantum, con sede en Vancouver, inició las operaciones comerciales de la mina en 2019. La compañía avanza con la expansión de US$327mn de Cobre Panamá que apunta a elevar el ritmo de procesamiento de 85 millones de toneladas anuales (Mt/a) a 100Mt/a desde, y que debiera estar lista en 2023. Molejón es una mina a cielo abierto con una capacidad de producción de 100.000oz/a de oro, aunque Broadway aún no publica información sobre sus planes para el activo. Por último, Orla Mining posee el proyecto aurífero Cerro Quema, que debiera producir 78.500oz/a de oro tras una inversión de US$117mn. |
| Tipo de población | Rural |
| Población afectada: | 24 comunidades campesinas |
| Inicio del conflicto: | 2007 |
| Fin del conflicto: | 2007 |
| Nombre de las companías o empresas estatales: | Inmet Mining Corporation from Canada Korea Panama Mining (KPM) Minera Panama SA from Panama First Quantum Minerals Ltd. from Canada |
| Actores gubernamentales relevantes | Mici, Gobierno Nacional de Panamá, DEFENSORIA DEL PUEBLO, Autoridad Nacional del Ambiente |
| Instituciones financieras e internacionales | Inmet Mining from Panama J.P. Morgan, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley y RBC Capital Markets |
| Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Movimiento Panamá Vale más SIN MINERÍA (SITIO WEB EN CONSTRUCICIA), Comite pro-cierre petaquilla, Colectivo Panamá Profundo, Etnia rey quibian, Radio temblor |
| Intensidad del conflicto | Alta (difusión, movilizaciones masivas, reacción de las fuerzas policiales, violencia y arrestos) |
| Estado/fase del conflicto | Movilización por remediación después de los impactos |
| Grupos mobilizados: | Agricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales locales Gobiernos locales/partidos políticos Ciudadanos (vecinos) Movimientos sociales Organizaciones de mujeres Grupos discriminados por cuestiones etnicas y/o raciales Cientificos locales/profesionales |
| Formas de mobilización: | Desarrollo de redes y acciones colectivas Desarrollo de propuestas alternativas Acciones judiciales Activismo mediático Presentación de observaciones y objeciones al EIA Reclamos a partir de petitorios y declaraciones públicas Campañas públicas Manifestaciones callejeras Defensa de los recursos por su valor económico Boycot a productos de determinadas compañías |
| Impactos ambientales | Visible: Pérdida de biodiversidad, Degradación de paisaje, Erosión del suelo, Deforestación y pérdida de área cultivada, Contaminación atmosferica, Contaminación del suelo, Desbordamiento de residuos, Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, Contaminación de agua subterránea, Impacto en sistema hidrogeológico, Reducción de la conectividad ecológica/hidrológica, Contaminación sonora, Derrames de petróleo, Derrames de sustancias tóxicas, residuos mineros Potencial: Desertificación y sequía, Seguridad alimentaria (problemas con cosecha, etc.), Calentamiento global, Inundaciones, Contaminación genética |
| Impactos en la salud | Visible: Accidentes, Enfermedades laborales y accidentes, Enfermedades infecciosas, Muertes, Otras enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental Potencial: Exposición a riesgos e incertidumbres (radiación, etc.) |
| Impactos socioeconómicos | Visible: Deterioro del paisaje y perdida de sentido de identidad del lugar, Aumento de la corrupción/cooptación de distintos actores, Desalojo, Pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas, cultura. Potencial: Aumento de problemas sociales (alcoholismo, prostitución, etc.), Pérdida de formas de subsistencia, Militarización y aumento de presencia y control de las fuerzas del orden, Expropiación de tierra |
| Estado actual del proyecto | En operaciones |
| Resultado del conflicto / respuesta: | Criminalización de activistas Represión Violencia contra activistas Aplicación de regulaciones vigentes |
| Desarrollo de alternativas: | Se ha presentado una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia y en el 2017 fallo a favor del movimiento Ambiental. En el 2021 más de cien organizaciones suscribieron una iniciativa de Ley para declarar una moratoria a la minería metálica, la cual fue suscrita por organizaciones de todo el país [1]. [1] https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-miner%C3%ADa_ambientalistas-entregan-un-proyecto-de-ley-de-moratoria-minera-en-panam%C3%A1/46734002 |
| ¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | NO |
| Explicar brevemente el motivo: | A pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la empresa Minera Panamá, continua operando y recientemente les otorgan una reserva minera para exploración de un total de 25 mil ha. |
| Leyes y regulaciones o cualquier otro tipo de texto jurídicos relacionado |
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| Bibliografía a libros publicados, artículos académicos, películas o documentales publicados |
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| Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales |
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| Colaborador: | Ficha original: Patricio Chávez; Actualizado en otcubre del 2021 por Damaris Sánchez Samudio ([email protected]), Serena Vamvas ([email protected]) y Jonathan González Quiel ([email protected]). |
| Última actualización: | 24/01/2022 |
| ID conflicto: | 793 |