El Salar del Hombre Muerto es un humedal de altura que está ubicado y compartido entre las provincias de Catamarca y Salta e integra la subcuenca hídrica del Hombre Muerto [1] y la subcuenca glaciaria del Salar Pocitos [2]. Desde tiempos ancestrales, las comunidades originarias lo habitan y desarrollan allí sus actividades comunitarias, culturales y económicas. Emplazado a una altitud que oscila entre los 3.400 y los 4.600 m.s.n.m., en un área de clima riguroso, gran estacionalidad, extrema aridez (precipitaciones de 150 mm anuales) y gran amplitud térmica diaria (temperaturas mínimas de -20º C y máximas de 32º C), este salar es el mayor reservorio de litio del planeta después de Uyuni (Bolivia), Atacama (Chile), Rincón (Argentina), Taijanair y Zhabuye (China). En el año 1997, la empresa Minera del Altiplano (actual subsidiaria de la empresa transnacional Livent) comienza con la explotación de litio en salinas utilizando millones de litros de agua (salada y dulce) en los procesos de extracción y procesamiento de dicho mineral (método evaporítico). El Salar del Hombre Muerto tiene un balance hídrico natural negativo, porque evapora 7 (siete) veces más agua de la que ingresa al sistema debido a las escasas precipitaciones. A este déficit hídrico natural, se ha sumado la extracción de cantidades descomunales de agua dulce y salada del sistema, agravando aún más su frágil dinámica natural. La extracción de agua dulce para el procesamiento del concentrado de litio ya generó un daño ambiental irreversible al secar completamente la vega del río Trapiche, debido a la captación de agua superficial y subterránea (380.000 litros de agua por hora) por parte de la empresa Livent. Uno de los primeros conflictos entre las empresas y la población local ha sido el cercamiento territorial. En 2005, pobladores catamarqueños denunciaron que Minera del Altiplano había instalado un vallado metálico perimetral que, emplazado en territorio comunitario, impedía el paso de alumnos escolares, campesinos de la zona y turistas por la única huella transitable existente entre la Escuela del Salar del Hombre Muerto, la villa de Antofagasta de la Sierra y la ruta provincial Nº 43. Sin embargo, el conflicto se agudiza a lo largo del año 2018, cuando las y los vecinos de la villa de Antofagasta y el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano (Román Guitian) toman conocimiento del daño ambiental causado por la empresa Livent al secar la vega del río Trapiche y que -esa misma empresa- ahora pretende triplicar su proyecto. Afectaciones ambientales En relación a las afectaciones ambientales producto de la minería de litio en el Salar, se observa que algunos de los efectos más notorios de la zona es la aceleración del flujo de agua subterránea, la consiguiente escasez y/o irreversible desaparición de los escasos recursos hídricos del área y la contaminación (vía salinización) de las capas de agua dulce de las salinas ponen en riesgo a un ecosistema extremadamente frágil, afectando negativamente a la fauna (camélidos, migraciones de aves) y comprometiendo las economías de subsistencia de comunidades indígenas y campesinas. Esta minería transnacional de litio se ha instalado en un área caracterizada por la presencia de población indígena kolla atacameña que practica una economía ancestral basada en la ganadería -principalmente caprinos, ovinos y camélidos (llamas y vicuñas), la agricultura -maíz, trigo, papas, habas, quinoa, cebolla-, las artesanías textiles y la extracción de sal. Sin embargo, actualmente hay 8 (ocho) proyectos de extracción de litio que están en diferentes etapas (Mapa Proyectos Mineros Salar del Hombre Muerto), lo cual agrava notablemente la situación del pueblo y la comunidad originaria. Tanto en “Proyecto Ampliación Fénix”, como “Sal de Vida” (Livent y Galaxy), las empresas piden permisos de extracción de agua dulce del río Los Patos, mediante la instalación de acueductos que conectan dicho río con las plantas de procesamiento. De los ocho proyectos mencionados, dos de ellos se ubican en el sector norte del Salar en territorio compartido por las provincias de Salta y Catamarca, Proyecto Tolillar (ampliación) de Alpha Lithium Corporation [3] y Hombre Muerto Norte de Lithium South Development Corporation[4], ambas empresas canadienses. En el sector oeste del salar se encuentran el proyecto Fénix, ya mencionado y el proyecto Hombre Muerto Oeste de la empresa australiana Galan Lithium Limited[5]. En el sector oriental del Salar del Hombre Muerto se ubican los proyectos Sal de Oro de la empresa coreana Posco[6], Sal de Vida de las australianas Galaxy Resources Limited [7] asociada a Orocobre Limited [8] y el proyecto Virgen del Valle de Minera Santa Rita STL [9] . Finalmente, al sur del salar, a lo largo de la subcuenca inferior del río Los Patos se ubica el proyecto Candelas también desarrollado por la australiana Galan Lithium Limited. Esto significa que toda la superficie del Salar del Hombre Muerto y la parte inferior de las subcuencas que desembocan en él ha sido concesionada para la explotación de litio en salmuera. En la revisión de los estudios de impacto social y ambiental de cada uno de los proyectos mineros citados no se advierte análisis ni evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos pese a que los ocho proyectos comparten la misma cuenca y el mismo recurso, el agua, incumpliendo el Protocolo de Buenas Prácticas para la Exploración y Producción de Litio en Salares de Jujuy, Salta y Catamarca*. En relación a las autorizaciones, debe tenerse en cuenta que tanto las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) emitidas por el Ministerio de Minería de la provincia para cada etapa de los proyectos (prospección, exploración y explotación) como así también los decretos gubernamentales [10], fueron otorgados sin realizar una adecuada evaluación de los impactos ambientales acumulativos, careciendo de una línea de base hidrogeológica de la Subcuenca del Salar del Hombre Muerto (donde están ubicados los proyectos de explotación de litio en salinas) y de la subcuenca del río Punilla (donde reside la mayor parte de la población del departamento Antofagasta de la Sierra y es considerada una zona de “influencia indirecta”, es decir, se trata de una región que puede ser ambientalmente afectada). Asimismo, todos esos permisos fueron otorgados sin haberse realizado jamás las correspondientes audiencias públicas a las y los vecinos de la villa de Antofagasta de la Sierra ni la consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que habita ancestralmente el Salar. Ello, en clara violación de lo previsto en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, la Ley General de Ambiente N° 25.675, la Ley de Glaciares N° 26.639 y el Convenio 169 de la OIT [11]. A pesar de contar con un antecedente de daño ambiental (desecación de la vega del río Trapiche), el Estado nacional y provincial siguen incumpliendo con la normativa ambiental y los principios que la rigen, especialmente el principio precautorio. Violencia y criminalización Por otro lado, a lo largo de los últimos años se han registrado diversos episodios de violencia institucional y criminalización a quienes defienden el agua y el territorio [12]. En fecha 31 de octubre de 2019, varios integrantes de la comunidad indígena -Evelia, Hortencia, Santiago e Hipólito Morales- fueron detenidos [13] en su propio hogar mediante un uso abusivo e ilegal de la fuerza por los policías de Antofagasta y trasladados a la localidad de Belén en el marco de una causa penal (de la cual no habían sido citados ni notificados previamente), la cual se basa en el interés de la empresa minera en utilizar el terreno ancestral de la familia Morales como camino de paso de los camiones mineros (comúnmente llamado “bypass minero”) [14]. Luego, en fecha 28 de noviembre de 2019 fueron detenidos dentro de sus tierras comunitarias los Sres. Hugo y Ramón Calpanchay [15], integrantes de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, sin haber recibido citaciones previas y en razón de una denuncia efectuada por un trabajador de la minera. El 19 de diciembre de 2019, el Sr. Román Guitian (cacique de la comunidad) junto a toda su familia fueron perseguidos por el territorio comunitario (zona cercana a la empresa minera) por dos policías integrantes de la fuerza de seguridad de Antofagasta, quienes iban uniformados, pero movilizándose en una camioneta particular de la empresa minera. Ello resulta a todas luces anti reglamentario, ilegítimo y exhibe que existiría un vínculo entre la fuerza de seguridad y una empresa privada. También, vecinos de Antofagasta de la Sierra han denunciado reiteradamente la contaminación por vertido de efluentes líquidos sobre el mismo Salar, siendo una cantidad de 820cm3 por hora de residuos químicos. Esta acumulación de efluentes que yace sobre el salar, en las temporadas estivales aumenta su volumen hasta confluir con la laguna Catal la cual también se contamina con los efluentes de la empresa. Las comunidades han denunciado desde hace un tiempo la alteración de la frágil dinámica ecológica del salar. La reducción del agua perjudica la vida de pueblos originarios que dependen de este recurso para el ganado, irrigar cultivos y satisfacer su propio consumo. La empresa estadounidense consume para sus procesos la enorme cantidad de 800 cm3 de salmuera por hora y 380 cm3 de agua dulce del río Trapiche, perjudicando notoriamente los niveles disponibles de aguas subterráneas y superficiales. Tal como se mencionó, ya se produjo un daño irreversible en el salar, al perderse 11 km de la Vega del río Trapiche. Como dato complementario, cabe destacar que la empresa Livent no paga por el agua que consume. Socializando los impactos de la minería del litio Acerca de las acciones realizadas por el pueblo de Antofagasta y la comunidad Atacameños del Altiplano, es importante destacar que se han desplegado diversas actividades tanto en el plano social, productivo como así también a través de la realización de diversas presentaciones administrativas y judiciales. Desde el año 2018, se vienen realizando diversas asambleas y reuniones comunitarias, a los fines de difundir la información recolectada acerca de los proyectos mineros instalados en el Salar, los daños que ya se han causado, los derechos de los pueblos ante el avance ilegal de las mineras, entre otros temas. En agosto de 2019 [16] y en febrero de 2020 [17], se han llevado a cabo dos cortes de ruta selectivos e informativos, a los fines de difundir la situación actual que están atravesando y exigir una respuesta institucional ante los reclamos realizados. Asimismo, en febrero de 2020, se realizó una presentación administrativa ante el Ministerio de Minería solicitando la suspensión de las obras correspondientes a la construcción del acueducto del río Los Patos (ampliación Proyecto Fénix) ya que el mismo fue autorizado sin realizar la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, hasta el día de la fecha, desde el organismo gubernamental jamás han contestado la petición efectuada por la comunidad y han manifestado en tres oportunidades que la habían extraviado, con lo cual se debió retirar tal presentación en varias oportunidades. Ante la ausencia de una respuesta por parte del gobierno de Catamarca, en junio de 2021 se ha presentado una acción judicial de tipo colectiva en defensa de los derechos de la comunidad Atacameña y del ambiente, la cual se encuentra en pleno trámite ante la Justicia Federal de la provincia de Catamarca. En consonancia con las acciones administrativas y judiciales, la comunidad Atacameños del Altiplano (integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca) continúa en estado de alerta y resistencia, realizando acciones directas de defensa del agua y el territorio indígena. “el clima está cambiando y existen riesgos y oportunidades que están surgiendo” En espacios minero corporativos las seis empresas mineras involucradas en los proyectos intentan consolidarse como firmas que se encuentran en una posición ideal para capitalizar la demanda de litio. A modo de ejemplo, la empresa canadiense Alpha Lithium publica en su sitio web “el mundo va a necesitar más minas de litio para los carros eléctricos... Nosotros buscamos desarrollar rápidamente nuestros proyectos en la región argentina del triángulo del litio para satisfacer la creciente demanda global de la revolución de las baterías” [24]. Por su parte, la empresa australiana Orocobre afirma que “La adopción de la tecnología de autos eléctricos por parte de los fabricantes de automóviles a nivel mundial y los sistemas de almacenamiento de energía de grado comercial impulsarán el crecimiento de la demanda de litio durante la próxima década” [18]. Además, esta minera intenta capitalizar la transición a la electromovilidad con el fin de atraer inversores interesados en invertir en proyectos “verdes” al “reconocer que el clima está cambiando y que existen riesgos y oportunidades que están surgiendo…” [19].” Cabe resaltar que el 30 de septiembre del 2021, cinco de las empresas mineras más grandes de litio a nivel mundial, entre ellas Orocobre Ltd, formaron la Asociación Internacional de Litio (ILiA). Según OroCobre, la Asociación promoverá el “abastecimiento sostenible” “confiable” y “responsable de litio” necesario la “transición a economías bajas en carbono” [20]. El litio “es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional”: gobierno nacional A nivel gubernamental, el litio “es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos” [21]. De hecho, en uno de sus informes oficiales, la secretaria de minería dependiente del Ministerio de desarrollo productivo, resalta al país como parte del triangulo del litio, impulsador de la economía verde y proveedor de los materiales necesarios para el boom de la electromovilidad [22]. Por otro lado, durante la convención minera más grande del mundo Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) (Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, en español) que se realiza cada año en Toronto, Canadá, representantes del gobierno nacional y gobernadores de varias provincias argentinas, entre ellas el de Catamarca, resaltaron el potencial minero geológico de Argentina y las oportunidades para empresas mineras internacionales en el país. Asimismo, pintaron la minería en el país como una actividad inclusiva, sustentable y verde que mejora la vida de la población. El PDAC es una “conferencia anual donde las empresas mineras de todo el mundo convergen para hacer negocios y garantizar que puedan continuar operando de una manera en la cual puedan continuar priorizando las ganancias sin importar los costos” que sus operaciones generan para las comunidades: costos ambientales, sociales y/o de derechos humanos [Mining Injustice Solidarity Network (2021). Digging into mining industry trends: reflecting on PDAC 2021 [23]. Utilizando los mismos discursos corporativos mineros, la delegación argentina que participó en este evento destacó al litio como un material vital en la transición energética. El gobernador de Catamarca Lic. Raúl Jalil, resaltó que: “Catamarca es minera por naturaleza, por potencial geológico, historia y tradición. El desarrollo de la minería tiene jerarquía constitucional y es considerada una actividad estratégica para el crecimiento económico y productivo de la provincia. Ofrecemos un amplio portfolio de proyectos mineros, una segura infraestructura vial y de comunicación que permite salir al Pacífico para comercializar con los mercados asiáticos”. Además, señaló que: “En litio, contamos también con una vasta experiencia teniendo proyectos consolidados y otros en etapas auspiciosas de desarrollo”. Mientras que las empresa mineras y el gobierno argentino tanto nacional como provincial promocionan al litio y los proyectos en el Salar del Hombre Muerto como proyectos que contribuirán a la fabricación de autos eléctricos, permitiendo a la vez la reducción de emisiones de carbono de dióxido, y la generación de ganancias económicas a futuro para sus inversionistas, lo cierto es que amenazan todo lo que dicen proteger: las fuentes de agua (ríos y aguas subterráneas), la frágil dinámica ecológica del salar y los modos de vida de la población indígena kolla atacameña que han habitado ancestralmente este salar. (See less) |