El conflicto en cuestión está relacionado con el proyecto de una represa hidroeléctrica en Santa Cruz Barrillas, Guatemala, parte del mayor proyecto Cambalam 1. La empresa transnacional (ETN) en el centro del conflicto es la española Hidralia S.A., una transnacional especializada en procesos de gestión del ciclo integral del agua, que incluyen energía hidroeléctrica, represas, infraestructura, ingeniería civil, abastecimiento y saneamiento. La empresa es acusada por las actuaciones de la empresa Hidro Santa Cruz, una sociedad filial de Ecoener-Hidralia Energía, empresa subsidiaria de Hidralia dedicada al desarrollo de proyectos, obras de ingeniería y consultoría. Las actividades cuestionadas fueron llevadas a cabo en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, Guatemala, entre junio del 2007 y enero del 2013, e incluyen en particular la complicidad con los gobiernos Español y Guatemalteco por la invisibilización, criminalización y persecución del pueblo Q’anjob’al y de la resistencia legítima al proyecto hidroeléctrico. Asimismo, las acusaciones también incluyen las reacciones violentas frente a la oposición al proyecto mediante intimidaciones, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales, y despojo de tierras, en violación de los derechos humanos y de los pueblos establecidos en el derecho nacional e internacional aplicable, en especial en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la misma Constitución de la República de Guatemala.

Historia del conflicto En junio de 2007, la comunidad de Santa Cruz Barrillas (compuesta por un 86,1% de población Q’anjob’al y un 13,9% mestiza), a raíz de la reciente concesión de licencias para la explotación de los recursos natural locales, organizó una Consulta de Buena Fe, un mecanismo indígena tradicional de toma de decisión, en la que participaron 46,481 habitantes, de las cuales 46, 472 rechazaron las actividades industriales en la zona. No obstante, Hidralia Energía se instaló en Guatemala y comenzó la planificación de una serie de proyectos, entre los cuales se encontraba la pequeña central hidroeléctrica en Santa Cruz Barrillas, gestionada por Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia Energía, e incluida en el mayor proyecto Cambalam 1. Mientras personas asociadas a la ETN comenzaron a frecuentar la zona, presionando e intimidando a los locales para la compra de tierras, una resistencia al proyecto se organizó en la comunidad, a pesar de los esfuerzos de la compañía y el gobierno para deslegitimar y debilitarla. Los enfrentamientos entre ambas partes se intensificaron durante los años siguientes a medida que Hidro Santa Cruz continuaba preparando la construcción de la represa, que en este momento ya no contaba con el consentimiento de las autoridades locales pero sí con el apoyo del gobierno guatemalteco. El momento más crítico del conflicto se dio en 2012, cuando, tras meses de acoso, intimidación y represión, uno de los guardas de seguridad de la planta disparó contra el Sr. Andrés Francisco Miguel, campesino y líder de la resistencia, quien falleció en el acto. Este hecho fue usado por el gobierno de Guatemala para decretar un estado de sitio, durante el cual se produjeron la mayoría de violaciones de derechos humanos sobre la población (intimidación, acoso, restricción al derecho a la educación y alimentación, prácticas de abuso contra las mujeres, etc.), incluyendo la detención ilegal de 11 activistas. El pueblo Q’anjob’al ha tratado desde entonces llevar ante la justicia a los responsables de dichas violaciones, pero se han encontrado con numerosos obstáculos para ello. No obstante, la resistencia ha conseguido detener el proyecto temporalmente.

El papel de la Arquitectura de la Impunidad Tanto como la entrada de Hidralia a Guatemala como la falta de responsabilidad corporativa responden al patrón de conducta de las ETN favorecido por la “Arquitectura de la Impunidad”, consagrada en los distintos tratados de libre comercio e inversión demandas por instituciones financieras internacionales como el CIFI, el FMI y el Banco Mundial. A pesar del rechazo de la población local, debidamente expresado en la Consulta de Buena Fe, la entrada de la ETN al país fue facilitada por varios actores. Por ejemplo, un tercio del proyecto fue financiado por la Corporación Interamericana para el Financiamiento (CIFI), entre cuyos accionistas se encuentran el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y desde el comienzo ha habido un esfuerzo por parte de sus promotores de calificar el proyecto como beneficioso para el desarrollo del país sin importar la opinión contraria de la población afectada. El gobierno español ha evitado tomar una posición acerca de las violaciones de derechos humanos y transfiere la responsabilidad al gobierno guatemalteco, siempre bajo la perspectiva de dar continuidad a la construcción de la represa. El gobierno de Guatemala, por su parte, ha colaborado en la represión ejercida sobre el pueblo Q’anjob’al y ha facilitado la construcción de la planta al modificar y aprobar leyes que benefician a la ETS, muchas de las cuales sostienen recursos de inconstitucionalidad. En última instancia, este tipo de inversiones en las áreas de energía y aguas de transnacionales europeas en la región son facilitadas por el Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica, que inicialmente no discutió el tema de derechos humanos.

Intentos de acceso a la justicia La comunidad de Santa Cruz Barrillas, que ya había expresado su rechazo a actividades industriales en la Consulta de Buena Fe en 2007, se ha encontrado con numerosos obstáculos para el acceso a la justicia local, nacional, regional e internacional. Muchos de sus esfuerzos, como la queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, han sido ignorados. De igual manera, muchos miembros de la resistencia han tenido dificultades al tratar de defenderse antes las acusaciones y detenciones ilegales por parte de la empresa, demostrando la parcialidad del sistema judicial. El mismo patrón de criminalización se ha repetido con varios miembros de la resistencia, siendo el más reciente la encarcelación de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro “Don Tello” y Arturo Pablo. Quizás el caso más claro de la complicidad del estado sea el hecho de que las dos personas acusadas por el asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel estén ahora en libertad. El discurso del gobierno de Guatemala, siempre favorable a los intereses de la transnacional, ha tratado de deslegitimar a la oposición al proyecto desde el primer momento, haciendo imposible el acceso efectivo a la justicia. También han existido intentos de involucrar a la justicia Española, país de procedencia de la ETN, pero sin éxito por ahora. Tanto el Ministro de Asuntos Exteriores español como la Embajada española en Guatemala fueron contactadas acerca de las violaciones de derechos humanos, pero tan solo delegan la responsabilidad en el gobierno local, lo que también hace inviable este ruta legal. En julio del 2014, algunas de las organizaciones implicadas presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo de España. Las numerosas peticiones presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013, que incluyeron la preparación de un informe sobre los abusos perpetrados durante el estado de sitio y exigencia del cese de la represión y criminalización estatal de la protesta social, aún siguen en trámite y no garantizan el respeto de los derechos humanos de la población ni del resultado de la Consulta de Buena Fe.

Lo que la justicia podría hacer: una opinión del TPP En la sesión en Ginebra de junio, 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) escuchó el testimonio de Micaela Antonio Gonzalez y Alfredo Baltazar, de CEIBA Friends of the Earth Guatemala. De acuerdo a lo expuesto ante los jueces del tribunal, éste reconoció las acciones de la corporación transnacional como otro ejemplo de violaciones de derechos humanos y de los pueblos. De acuerdo a la sentencia de Madrid, en mayo de 2010, y unos meses antes de la sesión que tuvo lugar en México en Diciembre 2014, el TPP resaltó de nuevo cómo las corporaciones transnacionales, incluida la implicada en este conflicto, violan sistemáticamente estos derechos para su propio beneficio. El tribunal reconoció en esta extendida práctica la evidente limitación del derecho internacional. La imposibilidad del acceso a la justicia y a obtener remediación está convirtiéndose en una carga cada vez mayor para las comunidades afectadas, así como las leyes que deberían protegerlas. Así mismo, el TPP reconoció la necesidad de mejorar la legislación internacional, incluyendo un tratado vinculante para las corporaciones transnacionales y un Tratado de los Pueblos, para que así estas empresas sean consecuentes con sus acciones. 

ACTUALIZACIONES: Actualmente se encuentran detenidos cuatro activistas, Francisco Juan Pedro ("Chico Palaz"), Adalberto Villatoro ("Don Tello"), Arturo Pablo de origen q'anjob'al. Actualización de junio de 2016 del informe de Global Witness 2015: " En Barillas, al norte de Huehuetenango, líderes indígenas mayas han sido asesinados, amenazados y criminalizados por su oposición a numerosas represas planeadas en la región. El 24 de marzo de 2015, el líder comunitario Pascual Pablo Francisco, desapareció de su domicilio en Barillas. Tres días después, su cuerpo fue encontrado en una fosa con señales de tortura.120 El mismo día de la desaparición de Pascual, otros dos líderes, que se oponían activamente a las represas, fueron detenidos en la ciudad de Guatemala". [1] ACTUALIZACIÓN: De Telesur tv - Publicado el 27 de diciembre de 2016: "El gigante minero español Hidralia abandonó su proyecto hidroeléctrico Cambalam en Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, bajo la presión de los movimientos sociales locales, anunció a través de un comunicado emitido el lunes. ."

El proyecto hidroeléctrico propuesto produciría 4.9 MWS en cada una de sus dos fases. Se instalaría en un área tradicionalmente utilizada como centro de recreación y ceremonias y limitaría el uso doméstico y agrícola del agua en un ambiente ya frágil, el hogar de varias especies endémicas de anfibios e insectos. Las comunidades afectadas nunca fueron consultadas sobre el proyecto, a pesar del resultado de una consulta popular en la que 45,000 habitantes (un tercio de toda la población) se opusieron a las actividades industriales en el área. La inversión inicial para el proyecto se estima en 30 millones de dólares, un tercio de los cuales fue proporcionado por CIFI, una corporación en la que el Banco Mundial y el BID son accionistas.