Desde la década de los 60 del siglo pasado se otorgaron las concesiones para la exploración y explotación del yacimiento de Níquel contiguo a la Selva Nublada “Loma de Hierro”  de la serranía interior del país, en la parroquia rural Tiara,  con una proyección de 3.173 habitantes para el 2015. A partir de los 90, con los cambios en las normativas ambientales y mineras y las políticas impositivas se realizaron los estudios de prefactibilidad económica y se  concesiona  a la empresa COFEMINAS, para que luego   Minera Loma de Níquel C.A (MLDN) filial de Anglo-American comenzara la explotación en el 2001. El proyecto se estimaba para 30 años, con una producción aproximada de 40 millones  Tm de  ferroníquel para la exportación.

En el conflicto se diferencian 3 etapas: la primera con  los argumentos de la empresa COFEMINAS sobre la base de los derechos de servidumbre mineros en contra de la Asociación Agropecuaria “San Andrés” representantes de los agricultores  desalojados de las tierras donde se construyó el complejo industrial del níquel. Estos demandaban, primero con protestas, acciones de calle y denuncias en la prensa regional y luego jurídicamente ante los tribunales agrarios; a) derechos como pisatarios de las tierras; b) indemnización por  bienhechurías; c)  reubicación de las familias y construcción de la Escuela Rural. De estas demandas, la que se logró fue el pago por las bienhechurías. Adicionalmente, ante el  avance del proyecto en fase del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las comunidades de Tiara que no fueron consultadas ni informadas de los impactos del proyecto, lo percibieron negativamente, ya que afectaría  sus modos de vida y su territorio. Para los tiareños en contra del proyecto minero, la selva nublada “Loma de Hierro”, representa simbólicamente una “caja de agua”  “nuestra propia existencia” sin ella “no habrá más Tiara” sabemos que “la minera estuvo taladrando la montaña y en cualquier momento se va a romper el equilibrio y se perderá el agua”.

La segunda etapa  o intervención tecnológica a partir de 1997 con la construcción del complejo, incluyendo una  carretera; la represa de agua; la aducción del gas y  la sub-estación eléctrica, se intensificaron los impactos socioambientales y culturales. Cientos de tiareños lograron un empleo en las empresas  contratadas por  MLDN. Decenas de viviendas fueron acondicionadas para el  alojamiento de los trabajadores foráneos. Así mismo, el comercio local se diversificó. Todo esto se tradujo en un cambio en el estilo de vida. En este contexto nace un movimiento anti-minero que se hizo eco a través de los medios impresos, denunciando a MLDN por contaminación de las aguas, el aire, los cultivos  y  enfermedades respiratorias y dérmicas, además, del deterioro de la principal carretera. El movimiento fue criminalizado por el gobierno, por la empresa y  por algunos  tiareños que anhelaban un empleo en la minera. MLDN se defendió argumentando que “Tiara siempre ha tenido níquel en sus aguas”, “así lo demuestran los análisis de laboratorio y el EIA”, y “nosotros no contaminamos la atmosfera ya que cumplimos con las medidas y parámetros exigidos por las normativas ambientales”. Además “como prueba desarrollamos una granja donde se cultivan hortalizas y flores que no sufren ninguna alteración”. Las otras demandas por parte de la vocería de los consejos comunales: obras civiles, reparación de la vía de acceso y mantenimiento de las vías internas, mantenimiento de las escuelas y ambulatorios, abastos de alimentos y contratación de trabajadores.  Para ello, las estrategias fueron oficios dirigidos a la minera, la denuncia en la prensa y cierres de la carretera principal. Por su parte, los sindicatos  mineros  lucharon sus reivindicaciones contractuales, paralizando las operaciones y cerrando las vías de acceso al complejo en varias oportunidades. Mientras tanto, el Estado demandaba a la minera por no cumplir con los alcances mineros. Ello hizo que en el 2008 algunas concesiones le fueran rescindidas, hasta que en el 2012 el estado venezolano con el apoyo del sindicato minero y los dirigentes de los consejos comunales afectos al gobierno tomó el control administrativo del proyecto a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

En la tercera etapa  con la gestión de la CVM. Por un lado, mientras Anglo American reclama compensación en el CIADI ("tribunal" de arbitraje en el Banco Mundial), la incertidumbre se apoderó de los trabajadores mineros ya que no se estaba exportando lo producido entre el 2012 y 2013. Generaron acciones colectivas: asambleas y cierres de la vía de acceso como presión para que el estado agilizara la venta y garantizara la estabilidad laboral. Aunque finalmente se pudo concretar la exportación del níquel y el Estado garantizó la continuidad laboral, las operaciones mineras aminoraron hasta quedar totalmente paralizadas, esto, debido a la falta de repuestos para los equipos y de algunos elementos químicos fundamentales para el proceso. Por otro lado las comunidades quedaron desasistidas en cuanto a la prestación de los servicios de salud, en el mantenimiento de las infraestructuras escolares y en otras compensaciones que eran asumidas anteriormente por MLDN. De hecho se  activó el comité de salud local apoyados por  médicos y enfermeras con protestas de cierre del ambulatorio y denuncias públicas en los medios, como estrategias para que el gobierno regional (CORPOSALUD) asumiera sus responsabilidades. En este contexto sociopolítico y económico que vive el país, las comunidades se preguntan en cuanto a su futuro, ¿Qué pasará cuando el yacimiento de níquel se acabe y tengamos que lidiar con los pasivos socioambientales dejados por la explotación? Esto ha incidido en la vocería de los 11 Consejos Comunales de la parroquia, en los agricultores y ganaderos, así como en los Consejos Educativos que realizan asambleas,  y talleres participativos con dos temas centrales en base a dos posibles escenarios: 1) si se reactivan las operaciones mineras; buscar la forma de empoderarse de conocimiento con la ayuda de terceros y articularse colectivamente para plantearse una equilibrada relación con la CVM o con cualquier otra empresa minera,   para ser escuchados en cuanto a la violación de sus derechos y sus planes de desarrollo local  y 2) la creación de  plataformas de lucha a diferentes escalas para que la explotación minera cierre  definitivamente y el estado contribuya a tomar las medidas a fin de minimizar los pasivos socioambientales.   

Minera Loma de Níquel, C.A. es la empresa a cargo de la explotación del yacimiento niquelífero Loma de Hierro, ubicado entre los Estados Miranda y Aragua. El yacimiento, cuenta

aproximadamente con una longitud de 7km, ancho de 2 km

y profundidad variable, es explotado a cielo abierto sin la utilización de explosivos, empleando equipos de arranque mecánico

que cargan el mineral en camiones de 55 toneladas de capacidad

nominal, que lo trasladan hasta la zona de trituración, para ser llevado a los tamaños requeridos por la planta de beneficio mineral.

15,000 TM de Nickel/año

1,261,440 m3 agua/año

0.125 m3 agua/tonne Nickel

37.80 MWh/tonne Nickel

Anglo American reclama más de 600 millones USD en "tribunal" de arbitraje del CIADI. En 2013, se describía así lo ocurrido: "Anglo American had invested hundreds of million of dollars in its nickel subsidiary in Venezuela and cessation of production at Loma de Niquel helped to reduce Anglo's total nickel output by 12 percent in 2013. In April, Anglo launched arbitration to seek compensation from Venezuela. This is one of many compensation cases brought against the Latin American country. Anglo American's principal claim for compensation relates to the expropriation of processing and other non-mining assets of Loma. These assets included a metallurgical processing facility, a stockpile of ferronickel and other inventories and equipment."